Austeridad ante la peor recesión económica

La debacle económica de 2009 pasará a la historia de México como la peor recesión que se haya experimentado en 75 años: la economía se desplomó 10.3% en términos reales durante el segundo trimestre de 2009. Con esta caída del producto interno bruto (PIB), es muy probable que el actual sexenio pase a la historia como el segundo sexenio neoliberal del crecimiento cero, al igual que el de Miguel de la Madrid, en el que al cierre de su administración el PIB sólo creció 0.2% en promedio anual. No obstante los alcances de la actual recesión económica en la que se desplomaron la producción (10.3%), el empleo (se perdieron 677 mil 71 empleos formales, entre octubre de 2008 y julio de 2009), las ventas (cayeron 16.6% en mayo de 2009), la inversión fija (disminuyó 7.6% en el primer trimestre de 2009), las exportaciones de bienes y servicios (se redujeron 20.2% en el primer trimestre de 2009), el consumo total (se contrajo 7.5% en el primer trimestre de 2009), la captación de impuestos (en el primer semestre de 2009, los ingresos petroleros cayeron 22.2% en términos reales y la recaudación tributaria no petrolera decreció 13.6%), las remesas familiares (cayeron 3.6% entre 2007 y 2008, por lo que se dejaron de captar 931 millones de dólares), y quebraron 128 mil 617 empresas al cierre del primer semestre de 2009, entre los impactos más importantes, el gobierno federal aplica severos planes de austeridad, justo cuando el país necesita el estímulo de políticas económicas anticíclicas que impulsen el desarrollo del mercado interno, flexibilicen las políticas monetarias y fiscales e incentiven el crecimiento económico y el empleo.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció que México enfrenta el shock financiero más grande que haya registrado en las últimas tres décadas debido a que se desplomaron los ingresos captados por el gobierno federal a causa de la caída de los precios del petróleo y el menor volumen de producción del energético, así como la menor actividad económica que provocó una menor captación de impuestos. Asimismo, el funcionario afirmó que existe un faltante de 300 mil millones de pesos para financiar el presupuesto del próximo año, que a diferencia del de 2009, en el que el déficit fiscal de 480 mil millones de pesos se financiará con las coberturas petroleras, los fondos de estabilización y el remanente de ahorro del Banco de México; para el siguiente año no se contará con estos recursos, por lo tanto, el gobierno federal tiene previsto un plan económico para 2010 basado en más impuestos, recorte de gastos y mayor endeudamiento. De hecho comenzó ya a instrumentar recortes desde 2009, de tal manera que anunció una disminución del gasto por 85 mil millones de pesos, que ya comenzó a afectar los siguientes rubros: 1) El financiamiento a los estados y municipios, debido a que les disminuyó su presupuesto, desencadenando una crisis de insolvencia que llevó a la cancelación de obras de infraestructura, a suspender programas de gasto social, despido de trabajadores o a bajarles sus salarios, a vender predios, a contraer deudas y a suspender servicios tan básicos como la recolección de basura; 2) La cancelación de licitaciones y la inversión en la construcción de caminos rurales por el recorte de más de 12 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); 3) La disminución de los recursos destinados a universidades públicas por 800 millones de pesos, de los cuales 200 millones le recortarán a la UNAM; 4) El recorte de 2 mil 100 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social, y 5) El despido de empleados del gobierno, como el cese de 2 mil empleados de Correos de México.
El enorme déficit fiscal que hoy enfrenta el gobierno federal, es producto de treinta años de políticas económicas neoliberales que hicieron depender los ingresos fiscales de las divisas petroleras en 40%; de una política fiscal regresiva y concentradora del ingreso; de una impresionante dilapidación de recursos obtenidos por los altos precios del petróleo y la venta de las empresas paraestatales, y de un estancamiento crónico de la economía, que ocasiona bajos niveles de consumo, inversión y empleo, lo que impide la captación de mayores ingresos fiscales. Pero además, las fuentes sobre las cuales descansa la principal captación de ingresos del gobierno federal, están seriamente erosionadas: el petróleo se agota, su precio se desploma en el mercado internacional y Pemex está descapitalizada y endeudada. Igualmente resulta que los trabajadores, pagadores de impuestos cautivos, que a través del ISR y el IVA contribuyen con la mayoría de los ingresos fiscales no petroleros, sufren una caída brutal de sus salarios (el salario mínimo tiene una pérdida de su poder adquisitivo de 65.3% de diciembre de 1994 a agosto de 2009) y padecen un desempleo inédito (la tasa de desempleo se ubicó en 5.17% de la Población Económicamente Activa, equivalente a 2 millones 372 mil desempleados reconocidos oficialmente). No obstante, la presente administración insiste en continuar con el mismo modelo económico que mantiene al país en el retraso económico y social, y al borde de estallidos sociales, peligro reconocido por organismos internacionales.
De tal manera que el gobierno federal pretenderá impulsar una política fiscal injusta e inequitativa como la actual, que impone gravámenes onerosos a los pequeños contribuyentes cautivos, a los pequeños empresarios y a los profesionistas que trabajan por su cuenta, al mismo tiempo que tenderá a retirarles los pocos créditos y subsidios que aún les transfiere, como en el caso de las tarifas eléctricas y el gas doméstico. Contrariamente, las grandes corporaciones, que son las que tienen la obligación de pagar más impuestos, continuarán con sus privilegios de evasión al fisco, de créditos fiscales y subsidios, y les volverán a regresar impuestos, al mismo tiempo que les mantendrán el rescate financiero de los banqueros y les instrumentarán otro salvamento en caso de que así lo requieran, es decir, continuará la dilapidación de recursos a nombre de unos cuantos. En otras palabras, los ingresos captados por el sector público seguirán proviniendo de la riqueza erosionada de Pemex y del pago de impuestos de los contribuyentes de bajos ingresos, al mismo tiempo que se mantendrán las mismas políticas económicas del estancamiento que llevaron al desastre económico, financiero y social. Sin un cambio de modelo económico que a diferencia del neoliberal rescate el papel del Estado como impulsor del desarrollo económico y social, el país seguirá hundido en el abandono de las libres fuerzas del mercado a un costo económico y social altísimo.