Paquete fiscal 2010: política regresiva y recesiva

El sistema fiscal del próximo año es una política de Chucho el Roto al revés: le quita a los pobres para darle a los ricos debido a que utiliza los ingresos y gastos del Estado para imponer una cascada de impuestos que violenta económicamente a los trabajadores del país, al tiempo que mantiene los privilegios fiscales del gran capital. En plena recesión económica, la clase política (PRI-PAN y Partido Verde) y los grupos económicos dominantes impusieron de nueva cuenta una política fiscal altamente regresiva y recesiva, que aplica gravámenes onerosos al ingreso y al consumo de los pequeños contribuyentes cautivos, a pequeños y medianos empresarios y a los profesionistas que trabajan por su cuenta, al igual que les retirará progresivamente los pocos créditos y subsidios que aún les transfiere mediante recortes presupuestales y el uso discrecional de los recursos públicos. Contrariamente, las Grandes Empresas Trasnacionales (GET) continuarán con sus privilegios de evasión al fisco, créditos fiscales, subsidios, rescates y les volverán a regresar impuestos. El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoce que los 400 grupos empresariales más grandes tienen ventas anuales por 5 billones de pesos y sólo contribuyen con 1.7% de dicho monto.
Además, como si el país no hubiera pasado del estancamiento crónico por casi tres décadas a la peor recesión en 75 años de historia económica, y como si los trabajadores no hubieran padecido el despojo sistemático de su fondo de vida, la presente administración tiene previsto aplicar severos planes de recorte presupuestal, así como endeudarse aún más a nombre de los contribuyentes.
Después de los intensos cabildeos entre el Ejecutivo, el Legislativo y los grupos económicos dominantes, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2010, la cual contempla las siguientes disposiciones: 1) Incremento del IVA del 15% al 16%, exentando alimentos y medicinas, lo que puso fin al impuesto “contra la pobreza” del 2%, que gravaría el consumo en general. En la frontera norte el IVA será de 11 por ciento; 2) La tasa del ISR subirá del 28% al 30% para las personas físicas asalariadas cuyos ingresos superen los 10 mil 300 pesos al mes, y no a partir de los 6 mil 600, como lo propusieron originalmente los diputados. En tanto, las personas morales también pagarán el 30% del ISR; 3) Aumento del 2% al 3% del gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante; 4) Se exenta de impuesto de 3% al servicio de Internet en general y a la telefonía rural en comunidades de hasta 5 mil habitantes; 6) Se garantiza a los contribuyentes la secrecía de sus datos de identificación y localización; 7) Se rechazó que el Ejecutivo pueda crear, aumentar, disminuir y suprimir aranceles mediante decretos oficiales; 8) Se aprobó que se exente por dos años el pago de impuestos a las empresas de telefonía móvil que darán el servicio del llamado triple play (telefonía, internet y televisión por cable). Dicho privilegio fiscal les significará a las empresas que obtengan nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico el ahorro de 5 mil millones de pesos; 9) La estimación del precio promedio del petróleo pasó de 53.9 a 59 dólares por barril. Con dicho cálculo se espera obtener ingresos adicionales por 25 mil 321 millones de pesos, y 10) Respecto a la estimación del tipo de cambio, se estableció en promedio anual en 13.80 pesos por dólar.
Los adeudos fiscales de las GET que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal, cambió de 60% que tenían que pagar en el primer año de los cinco que tienen de plazo, a 25%. Después los porcentajes serán de 25%, 20%, 15% y 15%, respectivamente. Sin embargo, dicho privilegio fiscal no les es suficiente a los grandes corporativos, ahora se aprestan a demandar al SAT para evitar el pago de impuestos, por lo que el cobro de casi 453 mil millones de pesos por concepto de créditos fiscales que adeudan es aún más incierto.
Con la Ley de Ingresos aprobada, el gobierno federal espera recaudar 3 billones 179 mil 47.7 millones de pesos. Dicho monto será un botín al servicio de la alta burocracia, los partidos políticos, los gobernadores, los legisladores, y por supuesto, para los 400 grupos empresariales que ya se aseguraron de continuar con sus privilegios fiscales, y ahora se disputarán los ingresos del gobierno vía la concentración de subsidios otorgados a empresarios, por ejemplo, cuando importan, exportan, comercializan y producen. Qué decir de los rescates: el oneroso rescate bancario está asegurado más los que se puedan acumular.
La ley deja sin solución la crisis fiscal debido a que se conservan las principales causas que mantienen la petrolización de las finanzas públicas: 1) No se suprimieron los regímenes fiscales especiales, que permiten la concentración del ingreso en unas cuantas manos, a costa del ingreso público basado en las divisas generadas por la exportación del petróleo, pero también en los contribuyentes cautivos; 2) Se condena a la economía a la profundización de la recesión por las altas cargas impositivas al sector productivo y a los consumidores. A esto se agregan los recortes presupuestales, que darán continuidad a los bajos niveles de consumo, inversión y empleo, lo que impide la captación de mayores ingresos fiscales, y 3) Se mantiene la impresionante dilapidación de recursos en beneficio de las GET y los servidores públicos.
No obstante, la petrolización de los ingresos públicos y el castigo impositivo a los contribuyentes cautivos está llegando a su límite: existe una dependencia de los ingresos fiscales de alrededor del 40% de las divisas obtenidas por exportación de petróleo, ello cuando el energético se agota, su precio se desploma en el mercado internacional y Pemex está descapitalizada y endeudada. Además, los trabajadores, pagadores de impuestos cautivos que a través del ISR y el IVA contribuyen con la mayoría de los ingresos fiscales no petroleros, sufren una caída brutal de sus salarios (entre diciembre de 1994 y agosto de 2009, el salario mínimo perdió el 65.3% de su poder adquisitivo), y padecen un desempleo inédito (más de 3 millones de desempleados) que abarrota el mercado laboral. Qué decir de las pequeñas y medianas empresas: se encuentran en severa crisis por los impactos de la recesión económica y por las cargas impositivas de la nueva Ley de Ingresos. La política fiscal del gobierno federal (los ingresos y los gastos), camina en sentido contrario a redistribuir el ingreso y dinamizar el mercado interno. Es decir, no distribuye la riqueza en el país a través del gasto público (inversión productiva, salud, educación, obra pública, gasto social, cultura, etc.), ni sirve como elemento dinamizador de la economía. Por el contrario, la política fiscal es profundamente regresiva y concentradora del ingreso, y extremadamente recesiva, por lo que agrava la injusticia social y el atraso económico del país.