Las políticas públicas: a favor de intereses particulares

El Estado tiene en sus manos dos instrumentos económicos de primera importancia para remontar las crisis inherentes al capitalismo e intentar redistribuir la riqueza de una nación: la política monetaria (el manejo de las tasas de interés a la baja), y la política fiscal (los ingresos y gastos del Estado, que por el lado del ingreso, puede gravar proporcionalmente a los contribuyentes de mayor ingreso, y por el lado del gasto, transferir equitativamente ese excedente vía inversión pública, tanto en gasto social como en inversión productiva). Sin embargo, en casi treinta años de neoliberalismo, los gobiernos en turno de México han impulsado políticas recesivas en lo económico y regresivas en lo social. Incluso en la presente situación en la que el país experimenta la peor recesión en 75 años, el gobierno federal se niega a realizar cualquier cambio de rumbo: el manejo de la política fiscal ha sido insuficiente para mitigar el impacto negativo que tuvo en el sector externo la crisis económico-financiera global, que provocó el desplome de las divisas generadas por la exportación del petróleo, la caída de las remesas familiares, la Inversión Extranjera Directa (IED), de la actividad turística y de las exportaciones manufactureras. Además, el Banco de México no sincronizó a tiempo su política monetaria al estímulo fiscal, a pesar de la clara evidencia de recesión, ya que desde el primer trimestre de 2009 la economía registró una contracción del 8.2% anual.
Para 2010, la política fiscal (ingresos y gastos del Estado) aprobada nuevamente es regresiva y concentradora del ingreso, y extremadamente recesiva de la economía, por lo que agrava la injusticia social y aumenta el atraso económico del país. La Ley de Ingresos de la Federación 2010, en lugar de intentar superar la recesión económica y corregir o aminorar las acentuadas desigualdades económicas y sociales, las profundiza y no resuelve el problema de la petrolización de los ingresos públicos. Revisemos los fundamentos de la nueva ley:
1) Conserva intactos los regímenes tributarios especiales (exenciones de impuestos por ventas de empresas en la Bolsa de Valores, depreciación prematura de activos, subsidios fiscales, renegociación de créditos fiscales y devolución de impuestos, entre otros) que benefician a las grandes corporaciones; 2) Coloca en severa crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME’s), que además de padecer el encarecimiento de sus costos de producción por la devaluación y el enorme endeudamiento, así como el desplome de sus ventas por el deterioro salarial, el desempleo y la caída de las exportaciones al mercado estadounidense, ahora tendrán que pagar 30% del ISR, un incremento de 3% en servicios de telefonía y 16% de IVA sobre sus insumos, lo que igualmente encarecerá sus costos. También les afectará el incremento del precio de los energéticos; 3) La ley de ingresos es altamente regresiva contra los trabajadores del país, ya que tendrán menores ingresos y pagarán más impuestos: el aumento del ISR significa una deducción adicional de 2% a los salarios. Asimismo, el aumento del IVA encarecerá los costos de todos los bienes y servicios; 4) Los trabajadores informales también se verán afectados porque pagarán más impuestos al consumir (IVA), y si llegan a depositar sus exiguos ingresos en la banca, verán aumentada la carga impositiva en el momento en que realicen depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos, y 5) No se resuelve el problema de la petrolización de los ingresos públicos debido a que la ley de ingresos se basó en la aplicación de los impuestos indirectos, que son más fáciles de cobrar y en los que está incluida gran parte de la población, por lo que el gobierno federal y la clase política (diputados y senadores), no se molestaron en ampliar la base tributaria para cobrar eficientemente el ISR, que debería gravar proporcionalmente más a los estratos con mayor ingreso, sobre todo, a las Grandes Empresas Trasnacionales (GET). Tampoco desafiaron a las grandes corporaciones al intentar desaparecer los privilegios fiscales de los que gozan, que le costarán al país en 2009, 465 mil millones de pesos.
Del lado del gasto, el presupuesto público aprobado para 2010 en la Cámara de Diputados resultó ser un verdadero botín para funcionarios y las grandes corporaciones monopólicas, no obstante ser un bien público que en su mayoría es financiado por la principal riqueza de la nación, el petróleo, y por los trabajadores del país. De tal manera que el gobierno, los partidos políticos, los gobernadores y, por supuesto, las GET, decidieron sobre el reparto de la riqueza generada en el país equivalente a 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, siendo ellos los principales beneficiarios. Mencionemos algunos ejemplos de las reasignaciones presupuestales:
1) Se autorizaron más recursos a las entidades federativas sin obligación a rendir cuentas, sobre todo a las gobernadas por el PRI: en el rubro de proyectos de infraestructura carretera, de los 18 mil 971 millones de pesos aprobados en la ampliación, 58% será para gobiernos priistas, 22% para panistas y 20% para perredistas; 2) El sector agropecuario incrementó su gasto en 12 mil 583.4 millones de pesos, sin embargo, estos recursos son insuficientes para cubrir sus necesidades. Además, existe un uso discrecional de los recursos: 10% de los productores rurales concentran entre 50% y 80% de los subsidios agropecuarios, dependiendo del programa. Asimismo, hay un uso político de estos programas en el ejercicio presupuestal: parte de ello son los casi 10 mil millones de pesos que fueron aprobados para el sector, pero que no tuvieron designación alguna, por lo que dichos recursos podrán emplearse con fines electorales y asistencialistas; 3) Quedaron a salvo los recursos que se destinarán para el pago del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en Registro de Gasto (Pidiregas), y demás deudas contraídas por el gobierno a nombre de los contribuyentes; 4) Los salarios y prestaciones de los altos funcionarios prácticamente no se tocaron, y 5) Las grandes empresas se aprestan a demandar los subsidios otorgados por las diferentes secretarías para ser utilizados por su actividad económica, en tanto que importan, exportan, comercializan y producen. También esperan conseguir contratos exclusivos en la obra pública, así como beneficiarse de los precios subsidiados de los bienes y servicios que venden las empresas públicas, y esperan que, en caso de que lo necesiten, el gobierno los rescate.
La clase gobernante y las grandes corporaciones mantienen prácticamente secuestrado al país debido a que son ellos los grandes beneficiarios de las políticas públicas. Para decirlo a la manera de la politóloga Denise Dresser: México tiene un “capitalismo de cuates”, que mantiene “la supervivencia de las estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando, por un modelo económico que canaliza las rentas del petróleo a demasiadas clientelas, por un sistema político que funciona muy bien para sus partidos, pero muy mal para sus ciudadanos”.1

1 Denise Dresser, Foro: México ante la crisis: “¿Qué hacer para crecer?”, ponencia presentada en la Cámara de Diputados, el 29 de enero de 2009.