ENERO - FEBRERO 2010– NÚMERO 104

Periódico mural en el cual de manera breve se da cuenta de temas económicos, políticos e históricos conyunturales. Su distribución es extensiva a todas las organizaciones sociales y laborales que lo soliciten.

¿Quién gana y quién pierde con la crisis?

La debacle económica del mercado estadounidense significó para México que se desplomaran sus principales fuentes de divisas: la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó 50.7%, entre 2008 y 2009, las divisas por concepto de turismo bajaron 14.8%, y las remesas enviadas por los trabajadores migratorios descendieron 15.7%. A esto se sumó el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional, que provocó una disminución de 33.7% de los ingresos en el mismo periodo.
México sufrió en 2009 la peor caída de su Producto Interno Bruto (PIB) en 76 años de historia económica al registrar un desplome de 6.5% en términos reales. Superó la crisis de 1995, año en que se tuvo una reducción de 6.2%. El país resultó ser de las naciones más afectadas por la crisis económico-financiera global debido a que el manejo de la crisis por parte del gobierno federal “es de los peores del mundo”, para decirlo en términos de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, y por la profunda dependencia que tiene la nación de los mercados externos, particularmente del estadounidense.
Para reaccionar oportunamente ante la crisis económico-financiera desatada por la economía de Estados Unidos, al gobierno federal no le bastó que el país tuviera una profunda dependencia con la economía estadounidense, núcleo de la crisis; tampoco consideró que el estancamiento crónico del mercado interno se iba a sincronizar con el desplome del mercado externo; de ningún modo tomó en cuenta el agotamiento del modelo económico que comenzó desde inicios del siglo XXI, con la salida de cientos de maquiladoras en busca de menores costos salariales que ofrecían Centroamérica y China. Ni siquiera actuó cuando el país ya se encontraba en plena recesión, desde el primero y segundo trimestre de 2009, lapso en el que el PIB se desplomó 7.9% y 10%, respectivamente. Mientras que otras naciones de similar realidad socioeconómica, como Brasil, Chile y Bolivia, impulsaron políticas anticíclicas oportunas basadas en el desarrollo de sus mercados internos mediante la flexibilización de sus políticas monetarias y fiscales, así como el aumento de los salarios de sus poblaciones; contrariamente, México aplicó la austeridad: mantuvo la contención de los salarios, aumentó impuestos, abrió más el mercado interno ante la competencia externa y de manera tardía indujo a la rebaja de las tasas de interés.
Es cierto que el gobierno implementó varios programas gubernamentales como el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo; el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, y el Apoyo Económico Emergente para Enfrentar el Brote de la Influenza, sin embargo, las erogaciones fiscales agregadas fueron menores al 1% del PIB, y su pretendido efecto contracíclico fue prácticamente anulado por el recorte presupuestal de 85 mil millones de pesos que afectó de manera inmediata a los estados y municipios, desencadenando una crisis de insolvencia que obligó a cancelar obras de infraestructura, suspender programas de gasto social, a despedir trabajadores o bajarles sus salarios, a vender predios y a contraer deudas.
La debacle económica de México es tan grave que el Banco Mundial ubicó al país como una de las naciones con peor desempeño a nivel mundial: el organismo estimó que en 2009 la economía se desplomó 7.1%, por lo que ocupó la posición 139 de 152 naciones en todo el planeta. Respecto al producto por habitante, lo situó en el lugar 143. Asimismo, prevé una expansión de apenas 3.5% y 3.6% para 2010 y 2011 respectivamente.
No obstante, el gobierno federal insiste en profundizar las mismas políticas que llevaron a la economía a la postración: en 2010 instrumenta un plan económico basado en más impuestos, recorte de gastos, mayor endeudamiento y mantiene la contención de los salarios de la población. Es decir, continúa el despojo sistemático del fondo de vida de los trabajadores y el sacrificio del crecimiento del mercado interno. Sin importar el actual contexto de incipiente recuperación del mercado estadounidense, que desalienta al sector exportador por el desplome de las exportaciones y el ingreso de inversión foránea, las remesas y el turismo, en contra de toda lógica y sentido común, el gobierno no sólo conserva sino que además endurece su política de restricción monetaria, fiscal y salarial, al tiempo que se protegen los intereses de las Grandes Empresas Trasnacionales (GET) de base nacional y extranjera, y de la clase política en el poder: en el presupuesto público aprobado para 2010 quedaron a salvo los intereses de los grandes grupos económicos, como los recursos que se destinarán para el pago del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (Ipab), de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en Registro de Gasto (Pidiregas) y del resto de las deudas contratadas por el gobierno federal a nombre de los contribuyentes. Además, los salarios y prestaciones de los altos funcionarios prácticamente no se tocaron, y los diputados del PRI presionaron para que se destinaran más recursos a los estados dominados por dicho partido, debido a que esperan reposicionarse en las elecciones de 2010 y 2012.
La banca y los inversionistas que especulan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) son de los sectores que más se benefician en medio de la crisis:
1) El Banco de México informó que la banca privatizada basa más del 90% de sus ganancias en el endeudamiento de las familias por el cobro de intereses y comisiones junto con los recursos del rescate bancario. El organismo refiere que entre enero y octubre de 2009, la banca reportó una utilidad neta por 53 mil 647 millones de pesos, que significó 22% más en términos reales que el monto registrado en el mismo periodo de 2008.
2) Por otra parte, tenemos a los inversionistas que especulan en la BMV, que aprovecharon las ganancias rápidas que hizo posible la caída en el precio de las acciones en 2008. Un número reducido de 191 mil 106 accionistas, que representan el equivalente a 0.18% de la población total del país, aumentaron en 2009 a 5.13 billones de pesos el valor de sus activos. Dicha cantidad equivale a 42.3% del PIB nacional.
La Ley de Ingresos de la Federación 2010 también mantiene intactos los privilegios fiscales del gran capital, debido a que conserva los regímenes tributarios especiales como las exenciones de impuestos por ventas de empresas en la BMV y la depreciación prematura de activos, entre otros; asimismo, no resuelve el problema de la petrolización de los recursos públicos e impone numerosos gravámenes que empobrecen a los trabajadores y colocan en crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas, como el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los grandes beneficiarios del modelo económico son los dueños de bancos, empresas automotrices, grandes cadenas comerciales, los inversionistas que participan en la Bolsa de Valores y la clase política, por lo tanto, son los menos interesados en que el actual modelo económico cambie. Sin embargo, mientras dicho modelo empobrece a la mayoría de la población, también necesita abrir nuevos mercados, por lo que requiere de consumidores para evitar la caída de su tasa de ganancia, si no preguntémosle al empresario Carlos Slim, quien es de los que más habla de la necesidad de que la economía nacional cambie de rumbo.

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