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¿Quién gana y quién pierde con la crisis?
La debacle económica
del mercado estadounidense significó para México que se
desplomaran sus principales fuentes de divisas: la Inversión
Extranjera Directa (IED) cayó 50.7%, entre 2008 y 2009, las
divisas por concepto de turismo bajaron 14.8%, y las remesas enviadas
por los trabajadores migratorios descendieron 15.7%. A esto se
sumó el desplome de los precios del petróleo en el
mercado internacional, que provocó una disminución de
33.7% de los ingresos en el mismo periodo.
México sufrió en 2009 la peor caída de su Producto
Interno Bruto (PIB) en 76 años de historia económica al
registrar un desplome de 6.5% en términos reales. Superó
la crisis de 1995, año en que se tuvo una reducción de
6.2%. El país resultó ser de las naciones más
afectadas por la crisis económico-financiera global debido a que
el manejo de la crisis por parte del gobierno federal “es de los
peores del mundo”, para decirlo en términos de Joseph
Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, y por la profunda
dependencia que tiene la nación de los mercados externos,
particularmente del estadounidense.
Para reaccionar oportunamente ante la crisis
económico-financiera desatada por la economía de Estados
Unidos, al gobierno federal no le bastó que el país
tuviera una profunda dependencia con la economía estadounidense,
núcleo de la crisis; tampoco consideró que el
estancamiento crónico del mercado interno se iba a sincronizar
con el desplome del mercado externo; de ningún modo tomó
en cuenta el agotamiento del modelo económico que comenzó
desde inicios del siglo XXI, con la salida de cientos de maquiladoras
en busca de menores costos salariales que ofrecían
Centroamérica y China. Ni siquiera actuó cuando el
país ya se encontraba en plena recesión, desde el primero
y segundo trimestre de 2009, lapso en el que el PIB se desplomó
7.9% y 10%, respectivamente. Mientras que otras naciones de similar
realidad socioeconómica, como Brasil, Chile y Bolivia,
impulsaron políticas anticíclicas oportunas basadas en el
desarrollo de sus mercados internos mediante la flexibilización
de sus políticas monetarias y fiscales, así como el
aumento de los salarios de sus poblaciones; contrariamente,
México aplicó la austeridad: mantuvo la contención
de los salarios, aumentó impuestos, abrió más el
mercado interno ante la competencia externa y de manera tardía
indujo a la rebaja de las tasas de interés.
Es cierto que el gobierno implementó varios programas
gubernamentales como el Programa para Impulsar el Crecimiento y el
Empleo; el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el
Empleo, y el Apoyo Económico Emergente para Enfrentar el Brote
de la Influenza, sin embargo, las erogaciones fiscales agregadas fueron
menores al 1% del PIB, y su pretendido efecto contracíclico fue
prácticamente anulado por el recorte presupuestal de 85 mil
millones de pesos que afectó de manera inmediata a los estados y
municipios, desencadenando una crisis de insolvencia que obligó
a cancelar obras de infraestructura, suspender programas de gasto
social, a despedir trabajadores o bajarles sus salarios, a vender
predios y a contraer deudas.
La debacle económica de México es tan grave que el Banco
Mundial ubicó al país como una de las naciones con peor
desempeño a nivel mundial: el organismo estimó que en
2009 la economía se desplomó 7.1%, por lo que
ocupó la posición 139 de 152 naciones en todo el planeta.
Respecto al producto por habitante, lo situó en el lugar 143.
Asimismo, prevé una expansión de apenas 3.5% y 3.6% para
2010 y 2011 respectivamente.
No obstante, el gobierno federal insiste en profundizar las mismas
políticas que llevaron a la economía a la
postración: en 2010 instrumenta un plan económico basado
en más impuestos, recorte de gastos, mayor endeudamiento y
mantiene la contención de los salarios de la población.
Es decir, continúa el despojo sistemático del fondo de
vida de los trabajadores y el sacrificio del crecimiento del mercado
interno. Sin importar el actual contexto de incipiente
recuperación del mercado estadounidense, que desalienta al
sector exportador por el desplome de las exportaciones y el ingreso de
inversión foránea, las remesas y el turismo, en contra de
toda lógica y sentido común, el gobierno no sólo
conserva sino que además endurece su política de
restricción monetaria, fiscal y salarial, al tiempo que se
protegen los intereses de las Grandes Empresas Trasnacionales (GET) de
base nacional y extranjera, y de la clase política en el poder:
en el presupuesto público aprobado para 2010 quedaron a salvo
los intereses de los grandes grupos económicos, como los
recursos que se destinarán para el pago del Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario (Ipab), de los Proyectos de
Inversión con Impacto Diferido en Registro de Gasto (Pidiregas)
y del resto de las deudas contratadas por el gobierno federal a nombre
de los contribuyentes. Además, los salarios y prestaciones de
los altos funcionarios prácticamente no se tocaron, y los
diputados del PRI presionaron para que se destinaran más
recursos a los estados dominados por dicho partido, debido a que
esperan reposicionarse en las elecciones de 2010 y 2012.
La banca y los inversionistas que especulan en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) son de los sectores que más se benefician en medio
de la crisis:
1) El Banco de México informó que la banca privatizada
basa más del 90% de sus ganancias en el endeudamiento de las
familias por el cobro de intereses y comisiones junto con los recursos
del rescate bancario. El organismo refiere que entre enero y octubre de
2009, la banca reportó una utilidad neta por 53 mil 647 millones
de pesos, que significó 22% más en términos reales
que el monto registrado en el mismo periodo de 2008.
2) Por otra parte, tenemos a los inversionistas que especulan en la
BMV, que aprovecharon las ganancias rápidas que hizo posible la
caída en el precio de las acciones en 2008. Un número
reducido de 191 mil 106 accionistas, que representan el equivalente a
0.18% de la población total del país, aumentaron en 2009
a 5.13 billones de pesos el valor de sus activos. Dicha cantidad
equivale a 42.3% del PIB nacional.
La Ley de Ingresos de la Federación 2010 también mantiene
intactos los privilegios fiscales del gran capital, debido a que
conserva los regímenes tributarios especiales como las
exenciones de impuestos por ventas de empresas en la BMV y la
depreciación prematura de activos, entre otros; asimismo, no
resuelve el problema de la petrolización de los recursos
públicos e impone numerosos gravámenes que empobrecen a
los trabajadores y colocan en crisis a las micro, pequeñas y
medianas empresas, como el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto
al Valor Agregado (IVA).
Los grandes beneficiarios del modelo económico son los
dueños de bancos, empresas automotrices, grandes cadenas
comerciales, los inversionistas que participan en la Bolsa de Valores y
la clase política, por lo tanto, son los menos interesados en
que el actual modelo económico cambie. Sin embargo, mientras
dicho modelo empobrece a la mayoría de la población,
también necesita abrir nuevos mercados, por lo que requiere de
consumidores para evitar la caída de su tasa de ganancia, si no
preguntémosle al empresario Carlos Slim, quien es de los que
más habla de la necesidad de que la economía nacional
cambie de rumbo
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