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UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO" |
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Impuesto genocida El 19 de septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó gravar a los trabajadores que perciben salarios mínimos por debajo del llamado “mínimo vital”. Es decir, obligan a pagar impuestos a las personas cuyos ingresos no les permiten cubrir sus necesidades físicas ni culturales. Situación en la que se encuentra la mitad o más de la población nacional. Los jueces del más alto tribunal del país aseguran que su decisión se tomó contemplando otros mecanismos que salvaguardan el derecho al mínimo vital, independientemente del tipo de ingreso que se perciba. Ellos declararon constitucional, por mayoría de votos, el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que establece el pago de impuestos para los trabajadores, incluidos quienes reciben el salario mínimo. La SCJN se negó a conceder amparos a particulares que reclamaron la inconstitucionalidad de estas disposiciones porque, según ellos, el cobro de impuestos al “mínimo” no afecta los recursos que la población destina a la satisfacción de sus necesidades más elementales, a la adquisición de medicinas, agua y productos destinados a la alimentación. Seguramente los magistrados no tomaron en cuenta que el ajuste macroeconómico que ha vivido el país desde la década perdida de los años ochenta afectó especialmente al salario. Entre 1981 y 1987 se vivió una caída sistemática de las remuneraciones que aún no recupera los niveles de 1970. Probablemente no están enterados que el mal llamado salario mínimo, en términos de poder adquisitivo, constituye tan sólo el 20% o 25% de lo que representaba en 1976. No obstante es obvio que los magistrados sí conocen que 20.5 millones (45.2%) de la población ocupada, sólo recibe entre uno y tres salarios mínimos, mientras que 3.5 millones (7.7%) no reciben ingresos por su trabajo y 5.7 millones (12.6%) gana hasta un salario mínimo. Por lo que de una población ocupada de 45.4 millones, 65.4%, es decir, 29.7 millones se ubican en niveles de ingresos precarios, muy precarios o prácticamente inexistentes. La SCJN también está al tanto de que en 2010, 37.1 millones de personas ocupadas ganaban hasta cinco salarios mínimos; cantidad que únicamente alcanzaba para cubrir 66.5% de una Canasta Básica Indispensable (CBI) de apenas 40 productos. En ese año más de 80% de la población ocupada tenía dificultades para comprar la Canasta Básica y cubrir el “mínimo vital” contemplado en la Constitución como salario mínimo. Todos sabemos, y más los integrantes de la SCJN, que de acuerdo al artículo 123 constitucional, “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. Y que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”, que hoy incluye la preparatoria. Sin embargo, los jueces de la SCJN tomaron una decisión desatinada que raya en la ilegalidad, al gravar ingresos y salarios cuyo monto se encuentra por debajo del “mínimo vital”. Son doblemente responsables de ilegalidad porque, a contracorriente de lo contemplado en la Constitución, han respaldado año con año la promulgación de salarios mínimos ilícitos; salarios que permanecen por debajo del mínimo vital, de lo requerido para la supervivencia del grueso de la población mexicana. Así se contribuye a la destrucción del principio de ciudadanía en que se asentaba el Estado mexicano desde 1917. En los hechos, los magistrados han sido y son congruentes con el nuevo régimen jurídico y político neoliberal que vacía al Estado mexicano de sus contenidos nacional-populares en beneficio de la oligarquía mexicana y de los capitales y gobiernos imperialistas. Estamos convencidos que los señores magistrados, tan respetuosos del orden establecido, comparten la preocupación de la Secretaría de Hacienda, así como el grito de los grandes empresarios: “¡Todos deben pagar impuestos! ¡Nada de privilegios ni paternalismos! ¡Ya basta de la cultura del no pago!” Sin embargo, hace no mucho, “el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con base en una encuesta (McKinsey&Company, 2009), subrayó que de las grandes empresas que operan en México 48% no paga impuestos; 25% paga de 4% a 50% de lo que fiscalmente le corresponde y sólo 28% de ellas paga por arriba de 50% de sus obligaciones tributarias, lo que no quiere decir que lo haga al ciento por ciento, ello en un país que registra la recaudación más baja del continente, donde las finanzas públicas se recargan en los causantes cautivos; fundamentalmente los trabajadores” y en el despilfarro de los recursos y divisas petroleras. Entre los ejemplos más destacados de la cultura del no pago y del paternalismo estatal, se encuentran “las 30 principales empresas que operan en el país y que obtuvieron en 2010, ingresos netos totales por 2 billones 379 mil 501 millones de pesos, una utilidad bruta de 835 mil 364 millones, y que sólo pagaron 99 mil 797 millones de pesos de impuestos”. La decisión de la SCJN es otra vuelta de tuerca que ahonda el desastre nacional y radicaliza la crisis social que tiene en su haber a innumerables víctimas; entre otras, a más de 7 millones de jóvenes sin empleo y sin escuela; a más de 8 millones de personas de la tercera edad que viven en la pobreza y a más de 13 millones de indígenas pobres. Violencia, impunidad, inseguridad, miedo y pobreza, son los trofeos que hoy exhiben los adoradores del “Becerro de Oro”, los promotores del “Libre Mercado”. Los recursos existentes bastan para dar empleo útil y digno a mexicanos y mexicanas sin entorpecer el crecimiento de la economía; alcanzan para asegurar por lo menos un mínimo vital. Pero esto es incompatible con los ingresos de personas como el empresario Carlos Slim, por mencionar al más reputado, que durante el pasado año obtuvo hasta 55 millones de dólares por día, usufructuando infraestructura del Estado, y beneficiándose del deterioro de los salarios y de la precarización del trabajo. Políticas laborales que se complementan con dispositivos fiscales regresivos, que les quitan a los pobres para darle a los ricos. La alta burocracia que hoy gobierna, espera que los mexicanos y mexicanas sucumbamos por inanición, desesperanza y miedo. Nosotros esperamos y trabajamos por mantener y ampliar nuestros derechos laborales y sociales, base de la verdadera soberanía nacional, de la democracia popular y de la justicia social por las que lucharon Hidalgo, Morelos, Juárez, Flores Magón, Villa y Zapata. |
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