El gobierno frente a la crisis alimentaria

México se encuentra ante una emergencia alimentaria por la catástrofe económica, social y ambiental del sector agropecuario que se traduce en disminución o estancamiento de la producción nacional de granos; importación creciente de comestibles, en su mayoría de Estados Unidos; alzas especulativas de alimentos e insumos; explosiva emigración de los productores del campo; contaminación de alimentos con productos genéticamente modificados; deterioro creciente de los salarios respecto al consumo de alimentos y avance en los niveles de desnutrición de la población. A pesar de que el país se acerca peligrosamente a experimentar hambruna, el gobierno federal (GF) renunció a rescatar el sector alimentario del país y optó por proteger los intereses de las Grandes Empresas Trasnacionales (GET) que lucran con la necesidad y el hambre de la población.
El programa emergente del GF ante la crisis alimentaria da continuidad a las medidas que llevaron al país a la pérdida de su autosuficiencia en la producción de alimentos, al fortalecimiento del control de las GET sobre el mercado de los comestibles, a la escalada de precios con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los salarios respecto a los bienes más elementales para vivir, y al abandono y empobrecimiento de los productores del campo.

I. Elimina impuestos a la importación de trigo, arroz, sorgo, soya y maíz blanco y amarillo, proveniente de cualquier parte del mundo. Asimismo, autoriza una cuota de importación de frijol libre de arancel y reduce a la mitad el impuesto a la importación de leche en polvo. Con una dependencia de las importaciones para cubrir la demanda interna de alimentos del maíz de casi 25%, del arroz de 70%; del trigo de 52.8% y de casi 100% de la soya, la autorización de la importación de granos libres de impuestos coloca al país en una mayor vulnerabilidad frente al exterior, sobre todo por la crisis alcista de precios en el mercado internacional que eleva los costos en un contexto en el que se desploman las divisas que entran por remesas y exportación de petróleo.
La mayor liberalización de las importaciones sólo beneficiará a las GET que dominan la cadena agroalimentaria y agroindustrial. Empresas como Cargill y ADM no sólo estarán exentas de impuestos o se les reducirán significativamente los gravámenes al adquirir comestibles del exterior, también se verán beneficiadas por los subsidios que obtienen del GF para la comercialización de granos básicos. Esta medida fortalece aún más el control que ambas empresas tienen en el mercado alimentario, debido a que son las principales importadoras de los granos y continuarán presionando a la baja el precio al que tienen que vender los productores del campo.

II. Exime de impuestos a las importaciones de fertilizantes y abonos y abre créditos para pequeños productores agrícolas. Ambas medidas tienen alcances muy limitados y no cambian la condición de dependencia alimentaria del país ya que la cotización de los fertilizantes y abonos en el mercado internacional también está a la alza por el incremento de los precios del petróleo, esto significa que por esta vía también se continuará importando inflación. Respecto a que le dará continuidad y reforzará “los programas federales más importantes de apoyo al campo”, hay que señalar que los recursos destinados a PROCAMPO disminuyeron 19.5% en términos reales entre 1995 y 2007, al pasar de 4 mil 343.7 millones de pesos a 3 mil 498.4 millones de pesos a precios de 1994. También el presupuesto destinado al desarrollo pesquero se redujo 56.2% entre 2003 y 2007, al pasar de 207 millones de pesos a 90 millones de pesos a precios de 1994.

III. Creación de una reserva estratégica de maíz para garantizar que las familias en las zonas marginadas tengan abasto suficiente y para que el precio del grano se mantenga sin cambios. Dicha reserva no es estratégica debido a que se refiere al acopio de maíz que Diconsa viene haciendo para abastecer las tiendas de su programa rural de abasto y no para regular el precio del maíz en el mercado interno ni para asegurar el suministro del grano en la cadena productiva maíz-tortilla.

IV. Congelación de precios de 140 alimentos procesados hasta el 31 de diciembre de 2008. Esta medida resulta extemporánea y limitada para contener el alza de precios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ya que se da en un momento en que tenemos alzas de precios ya consumadas; la congelación de precios se da en un reducido grupo de productos procesados (24), en presentaciones como bebidas, gelatina, café y flan, entre otros, y faltan productos de primera necesidad como la tortilla y el pan; cadenas comerciales como Wal-Mart, Comercial Mexicana y Soriana reetiquetaron con anticipación sus productos para adelantarse a la medida, y el GF no propone un aumento salarial para el conjunto de los trabajadores, sin tomar en cuenta el rezago permanente de los salarios respecto al incremento de los precios de los alimentos. Consideremos, por ejemplo, los aumentos registrados en los precios de los alimentos y los salarios de los trabajadores entre diciembre de 2006 y mayo de 2008: mientras que el salario mínimo general recibió un aumento salarial de 8%, los salarios contractuales promedio 8.8%, las remuneraciones manufactureras 6.1%; las remuneraciones de la industria de la construcción, 5%; los salarios medios del IMSS, 10.3%, y las remuneraciones de los establecimientos comerciales, 7.3%; los precios de los comestibles, en tanto, llegaron a incrementarse hasta 74.9%, como en el caso del litro de aceite, el plátano aumentó 49.5%; las galletas 46%; el arroz 45.8%; la papaya 42%; la tortilla, 41.7%, el pan blanco, 40.1 por ciento.

V. Castigo a especuladores. El GF anunció que no tolerará especuladores ni acaparadores y castigará a quienes pretendan lucrar con la necesidad y el hambre de los mexicanos. Contrariamente al discurso oficial, la actual administración en lugar de castigar a las GET que comenzaron a especular con el precio de la tortilla desde enero de 2007, se convirtió en partícipe del acaparamiento y la especulación del alimento en plena crisis alcista de precios en el mercado internacional, debido a que pactó precios monopólicos del comestible con las grandes corporaciones, les transfirió subsidios para la comercialización de los alimentos y les abrió las puertas del mercado interno con el propósito de que importen desde cualquier parte del mundo maíz y otros comestibles con reducción e incluso libre de impuestos. Dichas medidas reforzaron la competencia desigual de las GET frente a los pequeños productores nixtamaleros.
Mientras el GF está dispuesto a rescatar financieramente una y otra vez a sectores como la banca, el carretero, los ingenios azucareros y las líneas aéreas, y ante los efectos de la crisis financiera estadounidense, de nueva cuenta se apresta a inyectar al sector financiero 35 mil millones de pesos para “detonar el crecimiento de las empresas” y otros 40 mil millones de pesos al sector hipotecario; la presente administración no está dispuesta a salvar el sector alimentario y optó por proteger los intereses de las GET que lucran con el hambre de la población. La ausencia de una política alimentaria que contemple la importancia que para un país tiene contar con un sistema alimentario que fomente la producción agrícola, la comercialización, la transformación industrial, el abasto, el subsidio al consumo, la calidad de los alimentos y el acceso de la población en términos económicos de los comestibles; amenaza con agravar la crisis social y política que experimenta el país, además del frágil equilibrio macroeconómico por el riesgo de que se dispare la inflación.