MARZO-ABRIL, 2009 – NÚMERO 99

Periódico mural en el cual de manera breve se da cuenta de temas económicos, políticos e históricos conyunturales. Su distribución es extensiva a todas las organizaciones sociales y laborales que lo soliciten.

De nueva cuenta pagan los trabajadores

La clase política y los empresarios decidieron que una vez más sean los trabajadores del campo y la ciudad los que paguen el costo de la crisis económica-financiera que experimenta el país: en casi treinta años de modelo económico neoliberal, éste sustentó la acumulación del capital de las Grandes Empresas Transnacionales (GET) de base nacional y extranjera, así como el financiamiento del sector público, a partir del despojo sistemático del fondo de vida de los trabajadores. Los mecanismos de sustracción del fondo salarial utilizados por los cinco gobiernos neoliberales y empresarios han sido: 1) Precarización general del empleo, mediante la imposición de topes salariales y generación de empleos precarios con el objetivo de abaratar los costos de las empresas; 2) Progresiva descapitalización, privatización y mercantilización del llamado salario social de los trabajadores (vivienda, salud, educación, cultura, subsidio alimentario y de servicios básicos) que permite su subrogación, así como la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores del país; 3) Reforma fiscal regresiva y concentradora del ingreso, que beneficia al gran capital y a empleados de altos ingresos, en detrimento de los trabajadores de bajos salarios; 4) Utilización de las remesas para financiar la economía nacional, y 5) Pago de precios monopólicos de los bienes y servicios que venden tanto las GET como los gobiernos.
Según estimaciones de la Universidad Obrera de México (UOM), el salario mínimo perdió 65% de su poder adquisitivo entre diciembre de 1994 y febrero de 2009, al deterioro de los salarios se sumaron las formas precarias de contratación: según datos del INEGI, al cierre de 2008, los ocupados que no tuvieron acceso a la seguridad social ascendieron a 27 millones de personas.
Las remesas familiares generadas por los más pobres del país terminaron por financiar la economía nacional debido a que son utilizadas para el pago de la deuda externa; para la compra en el exterior de bienes intermedios y de capital que requiere la planta productiva; para la importación de bienes de consumo, particularmente de bienes suntuarios que demandan las clases acaudaladas, al tiempo que fortalecen la moneda nacional. Además, mientras que los empresarios, familias acaudaladas y, en menor medida, los mexicanos de altísimos ingresos sacaron del país 322 mil 224 millones de dólares; en casi tres décadas los migrantes enviaron a México 209 mil 10 millones de dólares, es decir, el equivalente al 64.8% de los recursos que los ricos enviaron al exterior.
La privatización y mercantilización del llamado salario social, particularmente del sistema de pensiones, llevó a que las GET financieras especularan con el ahorro de los trabajadores, al tiempo que dichos recursos financian las empresas privadas. Datos de la Consar señalan que a marzo de 2008, los ahorros de los trabajadores ascendieron a 874 mil millones de pesos equivalentes a 8.9% del PIB; asimismo, refieren que dichos recursos financian 25.1% del total emitido de deuda privada de largo plazo (mercado local), canalizando recursos a una gran cantidad de sectores productivos. Contrariamente, los banqueros reconocen que la gestión privada de las pensiones no garantiza un ingreso mínimo para vivir dignamente a las personas que se retiran.
Las grandes corporaciones se beneficiaron de la privatización de los sectores estratégicos del país como la telefonía, el energético, el financiero, el agua y el alimentario, entre otros, lo que les permite tener el control de los mercados de los bienes y servicios que venden e imponer precios monopólicos a los trabajadores; no obstante, empresarios y gobierno decidieron que de nueva cuenta sean ellos los que paguen el costo de la crisis: 1) Se mantiene el tope salarial a pesar de la escalada especulativa de los alimentos, lo cual mantiene en rezago permanente los salarios respecto a la inflación: entre diciembre de 2006 y febrero de 2009, mientras que el salario mínimo general recibió un aumento salarial de sólo 12.6%, los precios de los comestibles llegaron a incrementarse hasta 339.4%, como en el caso del ejote y el pollo 243.4%, el aceite 107.7%, el arroz 139%, la sal 77.2%, el pan blanco 53%, la tortilla 42.8%; 2) A la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se suma la de los empleos: en 2009 habrá un déficit de empleo de por lo menos un millón 600 mil personas. Según datos del IMSS, perdieron su empleo 538 mil 68 trabajadores, lo que significó una baja de 107.6 mil plazas por mes en promedio, entre octubre de 2008 y febrero de 2009; 3) La precarización del trabajo se profundiza: los empresarios, además de aplicar los paros técnicos, reducen salarios y prestaciones y terminan por despedir a los trabajadores, como en General Motors (después de una serie de paros técnicos despidieron alrededor de 600 empleados); 4) Los trabajadores más pobres del país continúan siendo los pagadores de impuestos cautivos: entre enero y septiembre de 2008, de los 27 mil 520.1 millones de pesos recaudados mediante personas físicas, 6 mil 960.5 millones de pesos provinieron del grupo de menores ingresos y 6 mil 742.5 millones de pesos de quienes tuvieron mayores ingresos; 5) Las Afore informaron que tuvieron una minusvalía de 43 mil 546 millones de pesos en febrero de 2009, y 6) Los trabajadores terminaron por endeudarse ante el deterioro salarial, el desempleo, el oneroso pago de impuestos y la precarización general de sus condiciones de trabajo y de vida; pero resulta que el altísimo cobro de intereses, comisiones y cargos que imponen los bancos, llevó a miles de trabajadores a caer en la cartera vencida. El Buró de Crédito informó que entre enero y febrero de 2009, por lo menos 500 mil usuarios de crédito se encuentran en ella. La banca basa sus ganancias en el endeudamiento de los trabajadores y también extrae recursos del rescate bancario; ambos son un injusto financiamiento del fondo de vida de los trabajadores al gran capital financiero.
Frente a esta violencia económica los trabajadores se emplean en la economía informal; aumentaron sus niveles de emigración a Estados Unidos; se emplearon en la maquiladora de exportación; cambiaron sus hábitos alimenticios; trabajan horas extra e incluso varias jornadas; trabajan a destajo y a domicilio; se contratan sin ninguna prestación de ley, temporalmente y mediante acuerdos verbales; y cada vez más mujeres, jóvenes y niños trabajan para aumentar el ingreso familiar. Sin embargo, la maquiladora de exportación está en severa crisis; la economía estadounidense tiende a cerrarse para los migrantes por su profunda recesión y el endurecimiento de sus políticas migratorias; la economía informal se satura y el endeudamiento de las familias trabajadoras está llegando a su límite por la crisis de las carteras vencidas.
Mientras tanto, el gobierno federal vuelve a endeudarse con el FMI y con el gobierno de Estados Unidos, para “impulsar el crecimiento económico”, con las mismas políticas del estancamiento, pero además, dichos recursos serán utilizados para asegurar el rescate bancario y para salvar a las GET del quebranto. ¿Quién pagará este nuevo endeudamiento? Los trabajadores de México.

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