México: condenado al retraso económico y social

(Tercera Parte)

LAURA JUÁREZ SÁNCHEZ**

 

El programa económico del gobierno federal para 2010, es una política de Chucho el Roto al revés: le quita a los pobres para darle a los ricos, debido a que utiliza el sistema fiscal (los ingresos y gastos del Estado), para imponer una cascada de impuestos que violenta económicamente a los trabajadores del país, al mismo tiempo que mantiene intactos los privilegios fiscales del gran capital. Además, como si el país no hubiera pasado del estancamiento crónico por casi tres décadas, que ocurre en estos momentos la peor recesión que ha experimentado la nación en 75 años de historia económica, y como si los trabajadores no hubieran padecido el despojo sistemático de su fondo de vida, la presente administración tiene previsto aplicar severos planes de recorte presupuestal, al mismo tiempo que planea endeudarse aún más a nombre de los contribuyentes.
En plena recesión económica, la clase política (PRI-PAN) y los grupos económicos dominantes intentarán imponer de nueva cuenta una política fiscal altamente regresiva y recesiva, que aplica gravámenes onerosos al ingreso y al consumo de los pequeños contribuyentes cautivos, pequeños y medianos empresarios y a los profesionistas que trabajan por su cuenta, al mismo tiempo que pretenderá retirarles los pocos créditos y subsidios que aún les transfiere mediante recortes presupuestales y el uso discrecional de los recursos públicos. Contrariamente, las Grandes Empresas Trasnacionales (GET), que son las que tienen la obligación de pagar más impuestos, continuarán con sus privilegios de evasión al fisco, créditos fiscales y subsidios y les volverán a regresar impuestos.
En los días que transcurren, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el 2010, la cual contempla los siguientes impuestos:

 

Asimismo, se aprobaron las siguientes medidas:
Se autorizó un déficit presupuestal de 0.5% a 0.75% del Producto Interno Bruto (PIB). Por lo que se amplió el techo de endeudamiento en 380 mil millones de pesos. En tanto que el gobierno federal proponía 340 mil millones de pesos.2
La estimación del precio promedio del petróleo pasó de 53.9 a 59 dólares por barril. Con dicho cálculo se espera obtener ingresos adicionales por 25 mil 321 millones de pesos.
Respecto a la estimación del tipo de cambio se estableció en promedio anual en 13.80 pesos por dólar.
Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos en materia del Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos: se estableció la creación de un nuevo Derecho Adicional sobre Hidrocarburos, que se aplicará cuando el precio del petróleo por barril se ubique por encima de los 60 dólares, y se le gravará una tasa de 52%. También al derecho de extracción sobre hidrocarburos se le aplicará una tasa de 15%, lo cual garantiza un nivel mínimo de ingresos para el Estado.
Con los cambios introducidos a la Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo, se espera que los ingresos totales captados por el gobierno el próximo año asciendan a 3 billones 176 mil 332 millones de pesos.3 Es importante subrayar que dicha ley aún falta ser ratificada por la Cámara de Senadores, pero es muy probable que la disposición quede casi igual, por la alianza entre el PRI y el PAN.

México: condenado al retraso económico y social
El plan económico para el próximo año está llevando al extremo la injusticia social y el atraso económico del país debido a que: 1) Refuerza la política fiscal regresiva y concentradora del ingreso, al mismo tiempo que profundiza la recesión económica; 2) No pone candados a la impresionante dilapidación de recursos públicos, y 3) No resuelve el problema de la petrolización de los ingresos públicos. Revisemos los diferentes aspectos del programa económico de 2010, que mantendrán atrapado al país en el atraso económico y social:
I. Política fiscal regresiva, concentradora del ingreso y profundizadora de la recesión económica. La llamada “reforma fiscal” para el próximo año es sólo una miscelánea fiscal que profundiza aún más la concentración del ingreso y la riqueza en una cuantas manos, pues mantiene intactos los regímenes tributarios especiales (exenciones de impuestos por ventas de empresas en la bolsa de valores, depreciación prematura de activos, renegociación de créditos fiscales, subsidios fiscales, devolución de impuestos, y exoneración de impuestos,4 entre otros), que por ejemplo al país le van a costar sólo en 2009, 465 mil millones de pesos, equivalentes al 3.8 del PIB, según cálculos del propio secretario de Hacienda.5 Es decir, los beneficios fiscales les reportarán a los grupos económicos dominantes, miles de millones de ganancias por los impuestos que no pagarán. Otro dato: estos beneficios les reportaron a la iniciativa privada en cinco años de foxismo más de un billón 175 mil 498 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos y créditos fiscales, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).6 Contrariamente, dicho sistema de ingresos fiscales empobrece aún más a la población trabajadora, que es la contribuyente cautiva que al trabajar y consumir no puede evadir las cargas impositivas. La cascada impositiva al consumo (IVA y demás impuestos) aumentará el deterioro del poder adquisitivo de los salarios por los previsibles repuntes inflacionarios que ocasionará su aplicación, lo cual inhibirá el crecimiento de los niveles de consumo, la inversión y el empleo. Además, el aumento del impuesto al ingreso vía ISR es altamente recesivo del mercado interno porque deteriora el poder adquisitivo de la población. También pone en severa crisis a los pequeños y medianos empresarios, que aparte de padecer los estragos de la recesión por la devaluación del tipo de cambio (que encarece sus costos de producción), el exceso de deudas, y la disminución de las ventas por el enorme desempleo, el deterioro de los salarios y por la caída de las exportaciones al mercado estadounidense, ahora tendrán que pagar 30% del ISR, un incremento del 3% en servicios de telefonía y 16% de IVA sobre sus insumos. Asimismo, tienen la perspectiva de tener que pagar los aumentos de los energéticos que seguramente aplicará el gobierno federal el próximo año, de tal manera que les será más difícil sobrevivir a la catástrofe económica, por lo que muchas empresas tendrán que cerrar y despedir trabajadores. Asimismo, se verán afectados los trabajadores que laboran por su cuenta como los profesionistas, tanto en su ingreso como en su consumo, debido a que tampoco podrán evadir el ISR ni el IVA, ya que, como es sabido, una vez que se dan de alta en el Sistema de Administración Tributaria, el organismo los persigue como si fueran delincuentes para que paguen sus impuestos. Respecto a los trabajadores informales, también se verán afectados porque tendrán que pagar más impuestos al consumir (IVA), y si llegan a depositar sus exiguos ingresos en la banca, verán aumentada la carga impositiva. A los impuestos al consumo y al ingreso del sector productivo, hay que sumarle los recortes presupuestales programados por el gobierno federal que inhibirán también la recuperación económica, debido a que la inversión pública sigue siendo una palanca económica y política de primera importancia para regular y orientar la producción, la demanda de mercancías y la creación de empleos. Debido a que la política fiscal es francamente recesiva del mercado interno, la presente administración espera que la recuperación de la economía nacional provenga del repunte económico estadounidense, no obstante que el modelo basado en los mercados externos se agotó y demostró su incapacidad para impulsar el crecimiento económico sostenido. Además, es importante subrayar que los mercados externos aún se encuentran deprimidos: el PIB de la Unión Americana cayó 1% anual en el segundo trimestre de 2009, y el desempleo creció en agosto a un máximo en 26 años de 9%,7 y se espera que llegue al 10%. Además, ante la falta de recuperación de los mercados financieros, así como del consumo en los mercados externos, comienza a resurgir el temor de una recaída de la economía mundial. ¿Con base en qué motor económico considera el gobierno federal que se recuperará la economía mexicana?
No pone candados a la impresionante dilapidación de recursos públicos ni al subejercicio de éstos. Los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios del gobierno son excesivos: tal es el caso de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ganan en conjunto 28 millones 816 mil 723 pesos anuales.8 Igualmente, el presidente de la República ganará el próximo año 4 millones de pesos anuales, el presidente de Comisión Nacional de Derechos Humanos percibirá 3.9 millones de pesos y el salario bruto de los consejeros del Instituto Federal Electoral ascenderá a 3.8 millones de pesos; un último ejemplo son los senadores que ganarán 2.6 millones anuales.9 Existe un significativo subejercicio de los dineros públicos en las dependencias de gobierno: en el rubro de gasto en infraestructura que debieran realizar secretarías y paraestatales, en 2009 se presentó un fuerte rezago, por lo que se anuló su contribución al crecimiento económico del país en el segundo trimestre: entre enero y mayo, la inversión de Pemex avanzó sólo 39%; la de Luz y Fuerza del Centro, 19.5%; la de la Comisión Federal de Electricidad, 18.9%, la de la Secretaría de Medio Ambiente, 28%; la de la Secretaría de Educación, 6%; la de la Secretaría de Agricultura, 11%, y la de Comunicaciones y Transportes, 22%, entre otras dependencias y empresas públicas del gobierno federal.10 El presupuesto público que no es ejercido, hace posible un amplio margen de opacidad, el dispendio y el desvío de recursos. Además, el gobierno federal otorga a las GET contratos exclusivos de la obra pública y les subsidia los bienes y servicios que vende; y si quiebran, las rescata con cargo a los contribuyentes, también les vende las empresas públicas a precio de remate y les abre las puertas para inviertan en los sectores estratégicos propiedad de la nación, incluso de manera ilegal, como en el caso del energético.
III. La política fiscal no resuelve el problema de la petrolización de los ingresos públicos. La Ley de Ingresos deja sin solución la crisis fiscal, debido a que se conservan las principales causas que mantienen la petrolización de las finanzas públicas: 1) No se suprimieron los regímenes fiscales especiales, que no son otra cosa que evasiones fiscales legales de las grandes corporaciones, lo que permite la concentración del ingreso en unas cuantas manos a costa del ingreso público basado en las divisas generadas por la exportación del petróleo, pero también de los contribuyentes cautivos; 2) Se condena a la economía a la profundización de la recesión por las altas cargas impositivas al sector productivo y a los consumidores. A esto se agregan los recortes presupuestales, que le darán continuidad a los bajos niveles de consumo, inversión y empleo (que han mantenido el estancamiento crónico de la economía por casi tres décadas de neoliberalismo y que derivaron en la peor recesión de la historia), lo que impide la captación de mayores ingresos fiscales, y 3) Se mantiene la impresionante dilapidación de recursos en beneficio de las GET y los servidores públicos.

Consideraciones finales
La petrolización de los ingresos públicos y el castigo impositivo a los contribuyentes cautivos está llegando a su límite: existe una dependencia de los ingresos fiscales de alrededor del 40% de las divisas obtenidas por exportación de petróleo,11 sin embargo, el energético se agota,12 su precio se desploma en el mercado internacional13 y Pemex está descapitalizada y endeudada. Asimismo, México va a dejar de ser exportador de petróleo en unos cuantos años. Se acabará el combustible, incluso para el abasto interno, y más temprano que tarde, el país se convertirá en importador neto de petróleo y demás energías. Aunado a esto, resulta que los trabajadores, que son los pagadores de impuestos cautivos que a través del ISR y el IVA contribuyen con la mayoría de los ingresos fiscales no petroleros, sufren una caída brutal de sus salarios (entre diciembre de 1994 y agosto de 2009, el salario mínimo perdió el 65.3% de su poder adquisitivo),14 y padecen un desempleo inédito (más de 3 millones)15 que abarrota el mercado laboral.16 Qué decir de las pequeñas y medianas empresas: se encuentran en severa crisis por los impactos de la recesión económica y por las cargas impositivas de la nueva ley de ingresos: sólo en lo que va del presente sexenio, desaparecieron casi 76 mil empresas, según el Sistema de Información del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía.17 La política fiscal del gobierno federal (los ingresos y los gastos) camina en sentido contrario a redistribuir el ingreso y dinamizar el mercado interno. Es decir, no distribuye la riqueza en el país a través del gasto público (inversión productiva, salud, educación, obra pública, gasto social, cultura, etc.) ni sirve para lo que debiera: como elemento dinamizador de la economía. Por el contrario, la política fiscal es profundamente regresiva y concentradora del ingreso, y extremadamente recesiva, por lo que agrava la injusticia social, la cual puede derivar en estallidos sociales.

 

* Investigadora de la Universidad Obrera de México.

1 La Jornada, 21 de octubre de 2009, p. 3.
2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Propuesta de programa económico 2010. México, 8 de septiembre de 2009.
3 El Financiero, 21 de octubre de 2009, pp. 1-3.
4 La venta de Banamex a City Group en la Bolsa de Valores significó una exención fiscal de cerca de 3 mil 500 millones de dólares.
5 La Jornada, 17 de septiembre de 2009, p. 3.
6 La Jornada, 2 de noviembre de 2007, p. 18.
7 El Financiero, 24 de septiembre de 2009, p. 5.
8 La Jornada, 4 de agosto de 2009, p. 12.
9 Datos de la Secretaría de Hacienda publicados en el periódico El Financiero, 11 de septiembre de 2009, p. 27.
10 Datos de la Secretaría de Hacienda publicados en el periódico El Financiero, 10 de julio de 2009, p. 3.
11 Secretaría de Hacienda. Medidas tributarias, de ejercicio presupuestal y financiamiento para el desarrollo. Audiencia en la Cámara de Senadores del Secretario de Hacienda. Agosto 11, 2009.
12 Ver Pemex. Reservas de hidrocarburos al 1° de enero de 2009. 20 de marzo de 2009, www.pemex.com.
13 La menor producción del petróleo y la reducción de precios en el mercado internacional, provocaron que los ingresos por exportación del energético se desplomaran 55.5% en enero agosto de 2009. Ver El Financiero, 28 de septiembre de 2009, p. 19.
14 Cálculo del Área de Investigación de la Universidad Obrera de México.
15 Ver INEGI, Comunicado de prensa. Indicadores oportunos de ocupación y empleo. 21 de octubre de 2009.
16 El Financiero, 22 de octubre de 2009, pp. 1-10.
17 La Jornada, 18 de octubre de 2009.