México: condenado al retraso económico y social
(Cuarta y última parte)

LAURA JUÁREZ SÁNCHEZ*

 

Continuidad de las políticas recesivas y regresivas
En casi treinta años de neoliberalismo económico, los gobiernos en turno de México impulsaron políticas económicas recesivas en lo económico y regresivas en lo social. El país vive una situación de verdadera emergencia económica, como en este momento histórico en que la nación experimenta la peor recesión que haya sufrido en 75 años: en 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó en 8.2% y 10.3%, en términos reales en el primero y segundo trimestre respectivamente; y además, las finanzas públicas enfrentan el peor shock financiero de las últimas tres décadas,1 debido a que se volvieron dependientes de las divisas generadas por la exportación del petróleo, pero también porque existe un sistema tributario regresivo y concentrador del ingreso en beneficio de las grandes corporaciones, además de una enorme dilapidación de recursos, por lo que el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional fue sólo el detonante de la crisis de las arcas públicas. Qué decir de los niveles de pobreza en el país: organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)2 y el Banco Mundial (BM),3 señalan a la República mexicana como la nación de América Latina que más incrementó la pobreza y desigualdad en la región en el contexto de la actual crisis financiera y económica global.
México es de las naciones más reticentes a flexibilizar sus políticas monetarias y fiscales con el fin de superar la actual recesión económica e impulsar el crecimiento económico del mercado interno y el empleo, a pesar de que es una de las naciones más afectadas por la crisis económico-financiera global, sobre todo por la profunda relación de dependencia que tiene con la economía estadounidense, que es el epicentro de la crisis: realiza el 85.7% de sus exportaciones con la Unión Americana, el 53.4% de sus importaciones y el 62.6% de la captación de su Inversión Extranjera Directa (IED), lo que derivó en hacerlo más sujeto a sus ciclos económicos y en estar más dominado por sus Grandes Empresas Trasnacionales (GET), que tienden a controlar sus sectores estratégicos. La recesión estadounidense significa para México una recesión mayor, debido a que al estancamiento crónico del mercado interno (por la imposición de las políticas económicas neoliberales que produjeron un crecimiento económico en promedio anual de apenas 1.7% entre 1982 y el segundo trimestre de 2009),4 se sumó el desplome del mercado externo por la disminución de las exportaciones manufactureras y agrícolas que el país envía al vecino del norte, por la disminución de la IED, por la caída del turismo, y por la baja de las remesas que envían los trabajadores migratorios que viven en la nación vecina. A esto se suma la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional.
Como sabemos, el sistema capitalista muestra la tendencia a experimentar ciclos económicos en los que existen periodos de crisis, recesión, depresión, recuperación y auge, los cuales son inherentes al capitalismo. Asimismo, el capitalismo tiene la tendencia a la concentración del ingreso y la riqueza y a la generación de pobreza. Sin embargo, el Estado tiene en sus manos dos instrumentos económicos de primera importancia para remontar los periodos críticos de las crisis económicas y para intentar redistribuir la riqueza de una nación: la política monetaria (el manejo de las tasas de interés a la baja) y la política fiscal (los ingresos y gastos del Estado, que por el lado del ingreso, puede gravar proporcionalmente a los contribuyentes de mayor ingreso, y por el lado del gasto, es posible transferir equitativamente ese excedente vía inversión pública, tanto en gasto social como en inversión productiva). Sin embargo, el país renunció por casi tres décadas a esos instrumentos económicos, debido a que se subordinó a los dictados de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM, que le exigieron la imposición de políticas monetarias y fiscales restrictivas.5 En medio de la peor crisis económica-financiera del capitalismo en casi ochenta años, dichas instituciones hoy le recomiendan a las naciones flexibilizar sus políticas6 con el fin de impulsar el crecimiento económico y el empleo.7 No obstante, el gobierno de México no atendió dicha recomendación: la firma calificadora internacional Mody’s y Standard and Poor’s, refiere en sus estudios que el gobierno mexicano “no generó la flexibilidad fiscal suficiente (gasto) para mitigar el choque externo”, pero además señala que el Banco de México no sincronizó su política monetaria “al estímulo fiscal a tiempo, a pesar de la clara evidencia de recesión”.8 De tal manera que la política monetaria (la reducción de las tasas de interés) no se sincronizó al estímulo fiscal oportuno, a pesar que desde el primer trimestre de 2009 la economía registró una contracción del 8.2% anual. Qué decir de la política económica programada para el próximo año: la política fiscal (los ingresos y gastos del Estado), aprobada es profundamente regresiva y concentradora del ingreso, y extremadamente recesiva de la economía, por lo que agrava la injusticia social y aumenta el atraso económico en el país.
Del lado del ingreso, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2010, la cual, en lugar de intentar superar la recesión económica y de tratar de corregir, o por lo menos aminorar las acentuadas desigualdades económicas y sociales, las profundiza aún más, al tiempo que no resuelve el problema de la petrolización de los ingresos públicos: 1) Conserva intactos los regímenes tributarios especiales, como las exenciones de impuestos por ventas de empresas en la Bolsa de Valores, la depreciación prematura de activos, la renegociación de créditos fiscales, los subsidios fiscales, la devolución de impuestos, y la exención de impuestos, entre otros, que benefician a las grandes corporaciones; 2) Coloca en severa crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME’s), que además de padecer el encarecimiento de sus costos de producción por los efectos de la devaluación, el enorme endeudamiento y el desplome de sus ventas por el deterioro salarial, el desempleo creciente y la caída de las exportaciones al mercado estadounidense, con las nuevas disposiciones fiscales, ahora tendrán que pagar 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un incremento del 3% en servicios de telefonía y 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre sus insumos, lo que igualmente encarecerá sus costos. Dichas empresas también esperan que el gobierno federal incremente el precio de los energéticos. Es decir, la actual administración está condenando a la postración económica al sector que produce para el mercado interno y que contribuye con más de la mitad de la riqueza generada en el país (genera el 52% del PIB nacional) y crea el 72% de los empleos formales en México,9 por lo que dicho escenario económico recesivo les hará más difícil la sobrevivencia: muchas MIPyME’s quebrarán y tendrán que despedir a sus empleados; 3) La Ley de Ingresos es altamente regresiva contra los trabajadores del país, es decir, las personas físicas, que en su mayoría están representadas por la llamada clase media: el aumento del ISR del 28% actual al 30%, significa una deducción adicional de 2% a los salarios, y en consecuencia, un menor ingreso. Asimismo, el aumento del IVA al 16% encarecerá los costos de todos los bienes y servicios. Dichas medidas afectarán sobre todo a quienes ganan más de 4 salarios mínimos, ya que tendrán que ganar menos ingreso y pagar más impuestos. Los trabajadores se verán doblemente afectados: tanto del lado de su ingreso, como de su consumo: por un lado ganarán 2% menos, y por otro, los bienes y servicios le costarán 1% más. Además, tendrán que esperar los aumentos anuales de los energéticos, el teléfono, el agua, el transporte, la vivienda, la luz y hasta la televisión de paga, si es que tienen o quieren tener. Los trabajadores que trabajan por su cuenta como los profesionistas, tampoco podrán evadir el ISR ni el IVA al trabajar y al consumir. Las cargas impositivas al consumo y al ingreso deteriorarán el poder adquisitivo de los salarios por los repuntes inflacionarios que ocasionará su aplicación, lo cual inhibirá el crecimiento de los niveles de consumo, la inversión y el empleo; 4) Los trabajadores informales también se verán afectados porque tendrán que pagar más impuestos al consumir (IVA), y si llegan a depositar sus exiguos ingresos en la banca, verán aumentada la carga impositiva, en el momento en que realicen depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos, la tasa del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) será a partir de enero de 2010 del 3%, y 5) La ley de ingresos no resuelve el problema de la petrolización de los ingresos públicos, porque no tocó los intereses de las GET, que son las que deben pagar más impuestos, de tal manera que tal disposición le da continuidad a las evasiones fiscales legales de las grandes corporaciones, lo que permite la concentración del ingreso en unas cuantas manos, a costa del ingreso público basado en las divisas generadas por la exportación del petróleo y también en los contribuyentes cautivos.
La ley de ingresos se basó en la aplicación de los impuestos indirectos como el IVA y el IDE, que son más fáciles de cobrar y en los que está incluida gran parte de la población, por lo que el gobierno federal y la clase política (diputados y senadores), no se molestaron en ampliar la base tributaria para cobrar eficientemente el ISR, que debería gravar proporcionalmente más a los estratos con mayor ingreso, sobre todo, a las GET. Tampoco desafiaron a las grandes corporaciones al intentar desaparecer los privilegios fiscales de los que gozan que, por ejemplo, al país le van a costar sólo en 2009, 465 mil millones de pesos, equivalentes al 3.8% del PIB, según cálculos del propio secretario de Hacienda.10
Del lado del gasto, el presupuesto público aprobado para 2010 en la Cámara de Diputados, resultó ser un verdadero botín de funcionarios públicos y las grandes corporaciones monopólicas, no obstante ser un bien público, que en su mayoría es financiado por la principal riqueza de la nación, que es el petróleo, y por los trabajadores del país, que son los pagadores de impuestos cautivos; es decir, no está siendo utilizado para impulsar el desarrollo económico y social del país. De tal manera que el gobierno federal, los partidos políticos, los gobernadores y, por supuesto, las GET decidieron sobre el reparto de la riqueza generada en el país equivalente a 3 billones 176 mil 332 millones de pesos,11 resultando ellos los principales beneficiarios del gasto público. Es importante mencionar que el presupuesto autorizado para el siguiente año es menor al autorizado en 2009. Revisemos algunas reasignaciones dispuestas por los diputados en relación a la propuesta enviada por el gobierno federal:
No obstante que el sector agropecuario incrementó su gasto en 12 mil 583.4 millones de pesos, esta cantidad es insuficiente para sus necesidades; además, existe un uso discrecional de los recursos que lleva a la concentración de los apoyos en pocas manos: el 10% de los productores rurales concentran entre el 50% y 80% de los subsidios agropecuarios, dependiendo del programa.12 Asimismo, hay un uso político de los programas en el ejercicio presupuestal: parte de ello son los casi 10 mil millones de pesos que fueron aprobados para el sector, pero que no tuvieron ninguna designación para algún programa, por lo que dichos recursos podrán emplearse, por ejemplo, para ser utilizados en los diferentes programas del sector con fines electorales y asistencialistas.13
El gasto aprobado para desarrollo social es menor en 3 mil 766.4 millones de pesos a lo que había propuesto el gobierno federal, quedando en 80 mil 476.8 millones de pesos, de tal manera que los recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se redujo en 3 mil 431.4 millones, dejándolo en 64 mil 389.1 millones de pesos.14
Los diputados autorizaron más recursos a las entidades federativas sin obligación de rendir cuentas, sobre todo a las gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI): en el rubro de proyectos de infraestructura carretera, de los 18 mil 971 millones de pesos aprobados en la ampliación, 58% será para gobiernos priistas, 22% para panistas y 20% para perredistas. El más favorecido fue el Estado de México, con mil 565 millones de pesos.15 Después de las pasadas elecciones en las que el PRI se reposicionó a nivel nacional, espera recuperar aún más el control político del país: en el 2010 habrá elecciones en varios estados del país y tiene la intención de recuperar la Presidencia de la República.
La secretaría con mayor aumento en su presupuesto fue la de Comunicaciones y Transportes con 18 mil 898 millones de pesos más. Le siguió en incremento la Secretaría de Educación Pública, con 13 mil 913 millones. No obstante, es importante subrayar que dicho aumento es totalmente insuficiente para las necesidades educativas del país, sobre todo en un contexto de crisis económica en la que se dispara la demanda para ingresar a las universidades públicas por el encarecimiento de los costos en las escuelas privadas.16 Se estima que en el presente ciclo escolar 450 mil alumnos abandonaron las escuelas privadas.17
Contrariamente, el gasto de la Secretaría de Energía disminuyó en más de 35 mil 88 millones de pesos, debido a que le quitaron la asignación presupuestaria a Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, a la Presidencia de la República le recortaron un monto de casi 50 millones de pesos, que significan alrededor de 135 mil pesos diarios, dicha reducción es poco significativa, si consideramos que sólo por mantenimiento de macetas y candiles, en “Los Pinos” se gastan alrededor de 304 mil 773 pesos y 300 mil pesos, respectivamente.18
Mientras tanto, quedaron a salvo los recursos que se destinarán para el pago del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en Registro de Gasto (Pidiregas) y demás deudas contratadas por el gobierno federal a nombre de los contribuyentes.19 Asimismo, los salarios y prestaciones de los altos funcionarios prácticamente no se tocarán. Pero además, las grandes empresas se aprestan a demandar los subsidios otorgados por las diferentes secretarías para ser utilizados por su actividad económica en tanto importan, exportan, comercializan y producen. También esperan conseguir contratos exclusivos en la obra pública, así como beneficiarse de los precios subsidiados de los bienes y servicios que venden las empresas públicas (los cuales forman parte de su descapitalización), y esperan que, en caso de que lo necesiten, el gobierno los rescate, como ya se lo prometió a los banqueros, no importa si los contribuyentes tienen que pagar un segundo IPAB, que por cierto aún no terminan de liquidar, debido a que están endeudados por décadas con la banca extranjera.

El recuento de los daños del modelo económico neoliberal
La crisis económica que aqueja al país, que se puso en evidencia con el desplome histórico de la producción, de los salarios, las ventas, la inversión fija, las exportaciones de bienes y servicios, el consumo, los impuestos, las remesas familiares y el quiebre de cientos de miles empresas, así como la pérdida de empleos, tiene su causa en la economía interna, producto de una integración subordinada del país a las políticas económicas neoliberales que hicieron depender la economía nacional de los mercados externos, particularmente del sector manufacturero.
En casi tres décadas, el sector exportador fue incapaz de jalar el crecimiento de la economía, debido a que la demanda interna de insumos y de mano de obra que generó tuvo efectos limitados y no logró dinamizar el mercado interno por la ausencia de una política industrial y agrícola que incentivara y protegiera los encadenamientos productivos internos, y por la desmedida importación de bienes de consumo intermedio y de capital. ¿Resultado? Hay un proceso de desintegración de las cadenas productivas y la quiebra continua de miles de pequeñas y medianas empresas, además de la desaparición de millones de empleos. Asimismo, las exportaciones manufactureras se centraron en unos cuantos productos y empresas.20 Respecto a la entrada de IED, ésta se ha dado principalmente en forma de fusiones y adquisiciones, es decir, en la compra de empresas existentes, lo que limita su capacidad para crear inversión nueva y la generación de empleos. Dicho modelo de crecimiento hacia afuera tiene como base el deterioro de los salarios y la generación de empleos precarios con el propósito de abaratar los costos de las empresas y darle competitividad a la economía.
La orientación de la economía a la exportación produjo su estancamiento crónico por la contención de los salarios y la precarización del trabajo que abatió los costos de las empresas, pero disminuyó la capacidad de consumo de la población y, por ende, el crecimiento del mercado interno; por las restricciones monetaria y fiscal, que hoy tienen continuidad a pesar de la debacle económica, las cuales intentan una baja de la inflación y la disminución del déficit del sector público, pero tienen frenada la inversión productiva por el encarecimiento del crédito y por la carencia de una política industrial y agrícola financiada por el Estado; y por la apertura comercial que pretende aprovechar “las importaciones baratas” con el fin de presionar a la baja la inflación, en un contexto en que los bienes, los alimentos y los insumos para la industria y los bienes de capital, se encarecieron en el mercado internacional. No obstante, el país sigue importando, lo que pone en severa crisis a los productores nacionales. Igualmente, la devaluación del tipo de cambio de más del 35% encarece aún más las importaciones.
La crisis económico-financiera global que trajo el desplome de los precios del petróleo, la caída de las remesas, la disminución de las exportaciones manufactureras, la baja del turismo y el derrumbe de la IED, fue sólo el detonador de la profunda recesión que hoy afecta al país. En casi treinta años el país ha padecido la quiebra sistemática de cientos de miles de empresas, desempleo crónico, la desintegración de las cadenas productivas nacionales, la extranjerización de los sectores estratégicos, el encarecimiento del crédito y la precarización del trabajo, así como una política fiscal regresiva y concentradora del ingreso y recesiva.
En el camino, el neoliberalismo económico empobreció a la población en sus condiciones de trabajo y de vida: 1) Los salarios de los trabajadores se desplomaron: de la devaluación de diciembre de 1994 a octubre de 2009, el salario mínimo perdió el 65.4% de su poder adquisitivo, según estimaciones de la Universidad Obrera de México (UOM). Mientras que el minisalario aumentó sólo 258.8%, el precio de la Canasta Básica se incrementó 938.7% en el mismo periodo;21 2) Respecto a la pérdida de empleos, sólo en la presente administración, se perdieron 2 millones 506 mil 13 empleos formales,22 entre diciembre de 2006 y octubre de 2009; 3) Ante el deterioro de los salarios, la precarización del trabajo y el creciente desempleo, los trabajadores se endeudaron y cayeron en cartera vencida: la población mexicana dejó de pagar a la banca comercial del país más de 64 mil millones de pesos hasta el 31 de septiembre de 2009.23 El número de trabajadores que incumplen sus pagos ascienden a 6.6 millones;24 4) Trabajan en la economía informal 12 millones 400 mil personas, por lo que constituyen el 28.2% de la Población Económicamente Activa (PEA);25 5) La privatización de las pensiones y la crisis económica, llevó a que tan sólo en 2008 las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) perdieran 30 mil millones de pesos, lo cual perjudica el patrimonio de los trabajadores; contrariamente, los accionistas, es decir, los banqueros lograron utilidades por 16 mil millones de pesos,26 y 6) Un millón 583 mil familias vieron disminuidos sus ingresos por la caída de las remesas, pero además 275 mil hogares dejaron de recibir ingresos provenientes del exterior.27
La exclusión económica y social de los trabajadores del país por el modelo económico neoliberal, provocó la extensión de la pobreza en el país: la llamada clase media tiende a desaparecer. En el año 2000 este segmento de la población lo conformaban 33 millones de personas y para 2009 se contabilizan a 25 millones 119 mil individuos en esta escala,28 es decir, se empobrecieron más de ocho millones de personas de la clase media. Si consideramos los datos oficiales a nivel nacional de la pobreza, tenemos que según el gobierno federal, para 2008, ésta afectó a 50.6 millones de personas en México, de los cuales 19.5 millones son pobres alimentarios, es decir, son personas que sufren hambre.29 No obstante, Julio Boltvinik, especialista crítico de la pobreza en México, refiere que los cálculos oficiales de la pobreza entre 2006 y 2008, no abarcaron la recesión económica reciente, la cual comenzó a finales de 2008, en la que se desplomaron las remesas y se dio un incremento en el precio de los alimentos, por lo que se elevaron las cifras de desigualdad. Para el especialista, el número de pobres en la República mexicana abarca alrededor del 75% de la población nacional, es decir, 80 millones de habitantes.30
Recordemos que existe una escalada alcista de los alimentos que se originó desde 2007, con el alza especulativa de los comestibles a nivel internacional, lo que profundizó el rezago permanente de los salarios respecto al precio de los bienes elementales para vivir: mientras que entre diciembre de 2006 (fecha en que inicia labores la actual administración) y octubre de 2009, el salario mínimo se incrementó sólo 13%; los salarios contractuales, 13.7%; las remuneraciones manufactureras, 14%; las remuneraciones de la industria de la construcción, 14.5%; los salarios medios del IMSS, 15.9%, y las remuneraciones a los establecimientos comerciales, 8.8%; los alimentos aumentaron entre 11 y 14 veces más: el pollo se incrementó 183.5%; el aceite, 107.7%; el arroz, 104.6%; la sal, 77.2%; la harina de trigo, 74.9%; el frijol, 70.7%; el pan blanco, 53%; las galletas saladas, 52.7%; el detergente, 51.8%; el huevo, 49.8%; la tortilla, 41.7% y la leche, 27.7 por ciento.
A pesar de la permanente erosión salarial, el gobierno federal, los empresarios y los sindicatos corporativos intentarán imponer de nueva cuenta el tope salarial a los mínimos (probablemente de alrededor del 5%), el cual presionará a la baja los salarios del conjunto de los trabajadores. En un contexto en el que la población tendrá que ganar menos y pagar más por la escalada alcista de impuestos y de precios de los productos básicos, y en el que crece el desempleo por la política económica recesiva, no es difícil suponer que la población empobrecerá aún más.

Consideraciones finales
No obstante el fracaso del modelo económico para producir un mínimo de desarrollo económico y social en el país, la clase gobernante (el gobierno federal, los legisladores y los partidos políticos) se resiste a impulsar cualquier cambio de rumbo económico, y es que no podría ser de otra manera: el gobierno y las grandes corporaciones mantienen prácticamente secuestrado al país debido a que son ellos los grandes beneficiarios del modelo: por ejemplo, de la política fiscal (los ingresos y gastos del Estado), que conserva los privilegios fiscales de las grandes corporaciones y obtienen los subsidios provenientes del gobierno federal, además de beneficiarse de los precios subsidiados de los bienes y servicios que venden las empresas públicas. También se benefician de la venta y privatización silenciosa de las áreas estratégicas del país y demás rescates que puedan necesitar. Qué decir del presupuesto público aprobado para 2010 en la Cámara de Diputados: es indudablemente electorero, debido a que el PRI se sirvió con la cuchara grande para llevar recursos a sus gobernadores, ya que espera ser el partido ganador durante las elecciones de 2010 y de 2012. Por lo anterior, es claro que el cambio de modelo económico no va a venir de las estructuras de poder que se benefician de él.
No obstante, el desgaste y agotamiento del modelo económico neoliberal también trae la aparición de nuevos movimientos sociales contrarios al neoliberalismo económico excluyente y depredador, que están deslegitimando el modelo y que proponen rescatar la soberanía nacional y los recursos estratégicos del país para impulsar el desarrollo económico y social de la nación.

 

* Investigadora de la Universidad Obrera de México.

1 Datos de la Secretaría de Hacienda refieren que existe un faltante de 300 mil millones de pesos para financiar el presupuesto de 2010. Ver, Secretaría de Hacienda. Medidas tributarias, de ejercicio presupuestal y financiamiento para el desarrollo. Audiencia en la Cámara de Senadores del secretario de Hacienda. Agosto 11, 2009.
2 La Jornada, 30 de noviembre de 2009, p. 24.
3 La Jornada, 20 de agosto de 2009, p. 24.
4 Cálculos propios con base en datos de INEGI y Banco de México.
5 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Actualización de las proyecciones centrales, Washington, D.C., 6 de noviembre 2008.
6 El Financiero, 7 de octubre de 2008, p. 5.
7 Banco Mundial. Repercusiones de la crisis financiera para los países en desarrollo. Ver página de Internet: www.worldbank.org.
8 La Jornada, 15 de mayo de 2009, p. 28.
9 Ver página de Internet: www.segob.mx, en la sección Consultoría Contacto PYME.
10 La Jornada, 17 de septiembre de 2009, p. 3.
11 La Jornada, 20 de noviembre de 2009, p. 3.
12 Ver “Reestructurar el modelo para salir de la crisis”, en La Jornada del Campo, 17 de octubre de 2010, p. 4.
13 Cervantes, Jesusa, “Presupuesto ficticio”, en revista Proceso, 20 de noviembre de 2009, pp. 27-29.
14 El Financiero, 17 de noviembre de 2009, p. 4.
15 El Financiero, 20 de noviembre de 2009, p. 11.
16 La Jornada, 21 de julio de 2009, p. 35.
17 La Jornada, 13 de noviembre de 2009, p. 40.
18 Ver, Carlos Fernández Vega, “Presupuesto para privilegios e ineficiencias”, en México SA, publicado en La Jornada, 18 de noviembre de 2009, p. 28.
19 Es importante mencionar que el pago de la deuda externa e interna se encuentran clasificadas dentro del presupuesto no programable, por lo que la Cámara de Diputados no tiene injerencia en sus montos.
20 Ver INEGI, “¿Qué tan diversificadas están nuestras exportaciones?”, boletín de prensa, abril de 2002.
21 Cálculos propios realizados con datos de la encuesta de precios de la Universidad Obrera de México e información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
22 Cálculos propios realizados con datos del IMSS.
23 La Jornada, 17 de noviembre de 2009, p. 22.
24 El Financiero, 28 de septiembre de 2009, p. 7.
25 La Jornada, 14 de noviembre de 2009, p. 23.
26 La Jornada, 12 de agosto de 2009, p. 27.
27 El Financiero, 21 de julio de 2009, p. 6.
28 El Financiero, 10 de septiembre de 2009, p. 3A.
29 Ver Comunicado de prensa. Reporte CONEVAL de cifras de la pobreza por ingresos 2008, 18 de julio de 2009. México, Distrito Federal, 18 de julio de 2009, p. 2.
30 La Jornada, 21 de julio de 2009, p. 3.