La gran huelga de los mineros

“Ellos luchan por las libertades de México”

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO*

 

Después de las agresiones del gobierno alemanista (1946-1952) contra el movimiento de los trabajadores ferrocarrileros a finales de los años cuarenta, empleando el “charrismo” e incluso la represión armada, y posteriormente contra el sindicalismo petrolero, el gobierno intentó las mismas tácticas para someter al Sindicato Industrial de Trabajadores, Mineros y Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM), que sin embargo mantuvieron su unidad a pesar de las represalias y provocaciones, destacando las secciones 14 y su fracción I, de Nueva Rosita y Cloete, así como la 28 de Palau, en el estado de Coahuila.
Hacia 1950, con la introducción de nueva tecnología por parte de la Mexican Zinc Company y la Compañía Carbonífera de Sabinas, del monopolio American Smelting and Refining Company (ASARCO), se provocarían importantes cambios en el proceso de producción en afectación de los trabajadores mineros de la región carbonífera de Coahuila: despidos, nuevas enfermedades profesionales, incremento de la carga laboral y reajustes, entre otros.
En estas condiciones, el 17 de septiembre de 1950 los trabajadores de Nueva Rosita y Cloete entregaron a la Junta de Conciliación y Arbitraje un pliego de violaciones con un emplazamiento a huelga a iniciarse el 16 de octubre de no ser escuchadas sus peticiones. A pesar de sus justas demandas, la junta declaró inexistente la huelga el 2 de octubre. El siguiente paso fue el despliegue del ejército que ocupó las instalaciones de la sección 14. Sin embargo, los trabajadores decidieron colocar las banderas rojinegras el 16 de octubre como estaba planteado. Ese mismo día la Inspección Federal del Trabajo dio autorización para rescindir los contratos de los huelguistas, a los que calificaban de “subversivos”. Los medios oficiales hicieron eco de este calificativo añadiendo el de “flojos” y “comunistas”. Los patrones de las minas contrataron 1,500 esquiroles y despidieron a los huelguistas. Además retuvieron las cuotas sindicales y el subsidio a la cooperativa de consumo, y negaron la atención médica para los trabajadores en paro y sus familias. Sin los alimentos de la cooperativa apareció el hambre y hubo fallecimientos entre los hijos de los obreros.
Es entonces que, ante la gravedad de la situación, los trabajadores mineros en asamblea general deciden emprender una marcha hacia la ciudad el 20 de enero de 1951, con la esperanza de que el presidente Alemán los recibiera y mediara en el conflicto. De esta manera, 5 mil habitantes de Nueva Rosita, los trabajadores y sus familiares, emprenden la marcha que fue conocida como “La caravana del hambre”. A su paso por las distintas poblaciones recibieron la solidaridad y la simpatía del pueblo, sobre todo en localidades de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Ecatepec. Después de 50 días de marcha arribaron a la capital del país el 10 de marzo, y se dirigieron hacia el Zócalo en compañía de miles de simpatizantes, donde realizaron un mitin en el que expusieron sus demandas. Finalizado el evento, la dirigencia del movimiento decidió acampar en el “Deportivo 18 de Marzo” y empezaron el diálogo con una comisión gubernamental, días más tarde, siguiendo una táctica dilatoria, ésta resolvió a favor de la empresa. Entonces, el 10 de abril el campo deportivo fue rodeado por la policía para impedir nuevas movilizaciones. Ante la dramática situación que vivían tanto los trabajadores como sus familias, deciden regresar a Nueva Rosita el 20 de abril en un tren que les facilitó el gobierno alemanista. La ASARCO sólo reinstaló a 800 trabajadores de los 1,500 en paro, por lo que muchos mineros se dedicaron al campo o emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.
A continuación presentamos un importante texto que publicara valientemente Vicente Lombardo Toledano en plena efervescencia del movimiento en el que manifiesta su apoyo incondicional a la causa de los trabajadores y sus justas demandas.

Hace ya cuatro meses que los trabajadores mineros de Nueva Rosita y Cloete se encuentran en huelga. Sus compañeros de Palau, que con algunas semanas de anticipación iniciaron un movimiento parecido, han vuelto al trabajo mediante un convenio que satisfizo en parte sus demandas.
Resueltos a exigir la justicia que se les niega, los huelguistas de Nueva Rosita y Cloete vienen marchando, desde su centro de trabajo, en el extremo norte del país, hacia la capital de la República, en uno de los actos más dramáticos y significativos que registran las luchas sociales de México.
No ha habido, en verdad, muchos movimientos de las masas trabajadoras mexicanas comparables al de Palau, Rosita y Cloete. En esta lucha los mineros de Coahuila han procedido con una visión extraordinariamente clara de sus intereses y derechos, con prudencia y valentía admirables, con tenacidad asombrosa. No sólo les asiste la razón y su causa es justa, sino que han establecido un ejemplo inolvidable de cómo defender la razón y pedir justicia.
Esta es una lección valiosa para la clase obrera, en primer lugar; pero también para todos los mexicanos, sin distinción de clases sociales.
La lucha de los mineros no sólo ha conquistado el apoyo y la solidaridad de los trabajadores todos, por encima de las diferentes centrales sindicales a que pertenecen, sino que ha logrado la simpatía de grandes sectores no obreros de la opinión pública. Ya no es El Popular el único periódico que defiende la causa de los mineros huelguistas. Otras publicaciones, situadas en los campos ideológicos o políticos más opuestos, han intercedido para exponer la verdad sobre este conflicto y pedir que se resuelva justicieramente. En la imposibilidad de citar a todos los órganos de prensa del país que han adoptado esta posición honesta, me limitaré a mencionar a las revistas Hoy y Atisbos y al diario Novedades. Ninguno de estos periódicos puede ser calificado de izquierdista o proletarizante. Por ello, sus juicios o informaciones favorables a los huelguistas resultan muy significativos.
También es necesario anotar que inclusive un partido rabiosamente reaccionario, como es la Unión Nacional Sinarquista, ha reconocido que los mineros tienen razón, aunque agregue, para satisfacer su fobia sectaria, que el movimiento de huelga es parte... ¡de la conspiración comunista!
Todo esto quiere decir que la lucha de los mineros, que se inició como un conflicto obrero-patronal ha rebasado los límites normales de toda querella de esa índole para convertirse en una lucha de significación nacional.
Las causas de que esta lucha haya adquirido tal amplitud, son más hondas y trascendentales de lo que parece a primera vista. Un observador superficial podría decir que el gran apoyo popular otorgado a los mineros se debe, pura y simplemente, a motivos o impulsos sentimentales; pero esto es sólo una parte mínima de la verdad; la explicación real es más profunda.
La opinión pública nacional ha advertido con claridad que los mineros huelguistas están en lo justo al exigir que se les reconozca y respete el derecho que tienen para negociar –y contratar por sí mismos sin intromisiones arbitrarias– con la empresa a la que han prestado sus servicios; está enterada de que el conflicto ha sido provocado deliberadamente por el Secretario del Trabajo; sabe que de consumarse el plan antiobrero de este funcionario, las empresas extranjeras como la Smelting and Refining Co., adquirirían carta de impunidad para atropellar a los trabajadores mexicanos; contempla, en fin, la opinión pública con emoción esta heroica lucha de un puñado de proletarios en defensa de sus derechos.
Pero esto no es todo.
Lo más importante consiste en que la conciencia nacional comprende que los mineros no sólo están defendiendo sus intereses de clase, sino que al mismo tiempo, están librando una esforzada batalla en defensa de libertades y derechos que han sido consagrados por la Constitución de la República y por nuestras leyes y que; en consecuencia, forman parte inseparable de nuestro régimen institucional.
El derecho de asociación, el derecho de coalición obrera, el derecho de huelga, son derechos constitucionales, tan constitucionales como la libertad de pensar, de creer, de expresar el pensamiento propio; y por tanto nadie puede negarlos o violarlos sin negar y violar gravemente la Constitución y todo el acervo legal en el que se funda la existencia orgánica de la Nación.
Por estos derechos, por estos preceptos legales, constitucionales, han luchado todos los mexicanos desde hace más de un siglo y son la esencia y la entraña misma de nuestra vida en común. De ahí que cuando uno o varios de esos derechos son atacados, no sólo se hiere al interés de una clase o de un sector social, sino al interés de la Nación en su conjunto. Y por fortuna la conciencia nacional se ha robustecido tanto, que cualquier ataque o amenaza a un derecho constitucional fundamental produce de inmediato una honda reacción defensiva de la legalidad.
En este caso, la opinión pública no se ha engañado y sabe bien que los mineros son los abanderados de la ley y de la Constitución y que las autoridades del trabajo son las que se apartan de la ley y de la Constitución.
Los mineros, con su gloriosa lucha, están defendiendo las libertades que han hecho posible la vida fecunda y civilizada de la Nación Mexicana, libertades sin las cuales sólo habría caos, anarquía y opresión para todos los habitantes de este país.
Esta es la razón principal por la que, en torno a los heroicos mineros de Rosita y Cloete se levanta un clamor cada vez más amplio en demanda de justicia. Y no es totalmente ajeno a este ambiente nacional de solidaridad con los mineros, el hecho de que los gobernadores de Coahuila y Nuevo León hayan intervenido, como lo han hecho, para proporcionar ayuda a los valientes trabajadores, dignísimos mexicanos, que se dirigen a la ciudad de México para pedir respeto a sus derechos.
Como militante de la clase obrera, me siento lleno de orgullo por la energía, el valor, la serenidad, el decoro, la perseverancia y la abnegación, con que los mineros de Rosita y Cloete están realizando su histórica lucha. Ellos merecen honor y gloria en los anales de las luchas del proletariado de México y del mundo. Ellos merecen el apoyo de toda la clase obrera y por eso han acudido en su auxilio no sólo sus hermanos de clase de México, sino los de otros países, con lo cual se ha demostrado que la solidaridad proletaria no es una teoría, sino una realidad. Pero además, como mexicano que desea ardientemente que nuestro incipiente régimen democrático no sólo persista, sino se amplíe y se fortalezca, me siento alentado al comprobar una vez más que la conciencia nacional no está dormida ni ha muerto, sino todo lo contrario, y que las causas justas cuentan en mi patria con la adhesión y el apoyo de las grandes fuerzas del pueblo.
Desde estas línea hago un llamado cordial a todos los mexicanos amantes de la ley y de la justicia para que otorguen una mayor ayuda, moral y práctica, a esos buenos mexicanos que marchan del norte al sur del país, arriesgándolo todo para que siga encendida en nuestra tierra la llama de la libertad.

 

* Político mexicano (1894-1968), fundador de la Universidad Obrera de México.