La consumación de la Independencia en Valladolid de Michoacán
(Primera Parte)

FRANCISCO XAVIER TAVERA ALFARO*

 

Al recibirse en la ciudad de Valladolid de Michoacán las noticias referentes al levantamiento del coronel Rafael Riego en Sevilla, y de sus consecuencias en la metrópoli, comenzaron a inquietarse los ánimos de los criollos y peninsulares que habitaban la capital de la intendencia y otras poblaciones importantes de la provincia.
Aunque para aquel año de 1820 podía considerarse que la Nueva España se encontraba respirando los aires de la paz después de la cruenta lucha por la Independencia iniciada en septiembre de 1810, había, sin embargo, algunos focos de guerrilla insurgente, precisamente en el sur de la provincia de Michoacán y en los contiguos territorios de la anfractuosa tierra caliente de la provincia de México. Empero, la presencia de fuertes contingentes militares realistas en esas y otras regiones novohispanas garantizaban, en buena medida, la tranquilidad pública y, concomitantemente, la lenta recuperación de las actividades agropecuarias en toda la zona que había sido el gran escenario de las depredaciones cometidas durante los años álgidos de la guerra insurgente.
El número de habitantes de la ciudad de Valladolid, que en el año del inicio de la guerra insurgente era de veinte mil, se redujo a tres mil en 1813. No obstante, a partir de ese año comenzó a recuperarse demográficamente, y se calcula que al finalizar la segunda década del siglo la población llegaba ya a los diecisiete mil.
Las noticias procedentes de España acerca de los acontecimientos ocurridos en Madrid durante la primera quincena del mes de marzo de aquel año, que culminaron con la jura que hizo el monarca de la Constitución de 1812 y el establecimiento de la Junta Consultiva, entusiasmaron a todos aquellos que desde 1813 se habían mostrado partidarios del régimen constitucional, pero, a la vez, preocuparon y alarmaron a quienes en aquellos tiempos habían visto amenazados sus intereses económicos y sus privilegios protegidos por la política tradicionalista de la Corona. Otros percibían en aquel cambio la posibilidad de lograr, en el corto o mediano plazo, la independencia tan deseada por los novohispanos liberales.
Las noticias de hechos más cercanos, como la jura de la Constitución que los días 26 y 28 de mayo promovieron los militares y comerciantes de Veracruz y Jalapa, respectivamente, y la muy precipitada que hizo en México el Virrey el 31 del mismo mes, obligado por la circunstancias, estimularon a los vallisoletanos para hacer lo mismo, máxime que ya se habían expedido órdenes a las provincias para que se proclamara la constitución, “jurando observarla todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, é igualmente todos los comandantes y cuerpos del ejército”.
Como consecuencia de todo ello, en la ciudad de Valladolid fueron convocados los ciudadanos para el domingo 11 de junio por el señor don Manuel Merino y Moreno, jefe político e intendente de la provincia, con el propósito de elegir los diecisiete electores para nombrar al Ayuntamiento constitucional, resultando electos en esa ocasión el comandante general de la provincia, coronel Matías Martín de Aguirre, don Manuel de la Bárcena, gobernador de la Sagrada Mitra y arcediano de la catedral, don José María Ortiz Izquierdo, don Clemente Valdés, el prebendado don Martín García de Carrasquedo, el provisor don Francisco Contreras, don José Díaz de Hortega, maestrescuelas de la catedral, el prebendado Juan José de Michelena, don Ángel Mariano Morales, el licenciado Miguel Menéndez, don Juan José Martínez de Lejarza, don Mariano de Figueroa, don José María Cabrera, don Juan Medrano, el sargento mayor Joaquín Parres, don Isidro García de Carrasquedo y don Antonio del Haya.
Así el martes 13 de ese mes, congregados el intendente y los electores en la sala del Ayuntamiento, después de la lectura de los respectivos artículos de la Constitución, que versaban sobre los ayuntamientos, y “la Rl. Orden de veinte y tres de Mayo de mil ochocientos doce” que contenía las reglas a observarse para el efecto, se procedió a la elección por votación secreta, resultando agraciados con pluralidad absoluta de votos como miembros del Ayuntamiento los señores José María Ortiz Izquierdo, como alcalde primero, y como segundo, don Antonio Cosío; como regidores, Juan José Martínez de Lejarza, Manuel González Movellán, Isidro García de Carrasquedo, Antonio del Haya, Fernando Román, José de la Peña (o José Joaquín de Mier y Peña, como con frecuencia firmaba), Martín Mier, Juan Medrano, José María Ibarrola, Joaquín Rodríguez, Vicente Páramo y Laureano Álvarez. También resultó electo, como primer procurador síndico, don José María Cabrera y, como segundo, don Francisco Antonio del Palacio.
Al terminar la elección se ordenó que se citara a los electos a las diez de la mañana del jueves inmediato, “a fin de que haciendo el juramento que previene el artículo trescientos treinta y siete de la Constitución, tomen posesión de sus respectivos cargos, y se haga el nombramiento de Secretario, y Depositario de los caudales de Proprios y Arvitrios”.
En efecto, en la hora y fecha señaladas se les recibió el “juramento que hicieron por Dios y por los Santos Evangelios bajo el qual ofrecieron, guardar la Constitución Política de la Monarquía Española, observar las Leyes, ser fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo, en cuya consequencia se les puso en posesión de sus respectivos Empleos, tomando cada uno el asiento correspondiente, según el orden de su nombramiento […]”. Faltaron a esta solemnidad el alcalde Antonio Cosío y el regidor Manuel González Movellán, el primero por ausente y el segundo por enfermo.
Si bien se mira, había una diferencia entre los componentes del Ayuntamiento constitucional de 1813 con respecto a éste. En el primer caso, la mayoría de sus integrantes fueron españoles peninsulares muy ligados entre sí por ser miembros de la oligarquía dominante; en este segundo, la mayoría fueron criollos, y no todos miembros de aquellas familias; este hecho, que debe tenerse muy presente, ayudará a explicarnos las actitudes que asumieron, de “rebeldía” y de crítica muy independiente, hacia el antiguo sistema que estaba a punto de derrumbarse.
Tampoco hay que perder de vista que los años de guerra transcurridos, la breve pero importante apertura que se dio al comercio de las nuevas ideas antes de la restauración absolutista de Fernando VII, las lecturas que hicieron estos criollos de los debates de las Cortes de Cádiz, de los papeles insurgentes que lograban filtrarse y de otros escritos de los publicistas europeos y estadounidenses, el descontento profundo que causó la abrogación de la Constitución gaditana y la concomitante persecución de los pequeños pero importantes grupos liberales, el empobrecimiento de la patria novohispana, las gabelas forzosas de las que eran víctimas, etc., fueron factores que radicalizaron al grupo criollo, que ya para finales de 1820 y principio del siguiente año había tomado plena conciencia de la necesidad de constituir un país que de alguna manera fuera independiente, y donde ellos pudieran encargarse de la cosa pública.
Creemos que todo ello ayuda a comprender el quehacer tan dinámico que emprendió ese ayuntamiento, así como la hábil manera con la que paulatinamente fue debilitado el poder del intendente de Michoacán, lo que facilitó que en mayo de 1821 el Ejército Trigarante ocupara, sin derramamiento de sangre, la capital de Michoacán.
Así, por ejemplo, en la tercera sesión de cabildo de este nuevo ayuntamiento, celebrada el 30 de aquel mes de junio, los síndicos procuradores don José María Cabrera y don Francisco Antonio del Palacio leyeron una “Representación”, en la que pormenorizada y fundadamente plantearon las necesidades más urgentes que tenía la ciudad en materia de administración pública, así como las soluciones más plausibles que permitieran al cuerpo municipal resolver los problemas que causaban la infelicidad pública: el desabasto del agua, los altos precios del pan, el desabasto de harinas de buena calidad, de maíz y carne, así como las medidas que habrían de tomarse en materia de salubridad, la inseguridad pública, el relajamiento de las costumbres –fomentado en buena parte por las tropas expedicionarias–, la atención a los presos de la cárcel, el combate a la vagancia y a la mendicidad, el alumbrado público, la limpieza de fuentes y caños, calles y jardines, todo lo cual podría llevarse a cabo, se decía, con el auxilio de los vecinos.
Pero en el mencionado documento, y como un largo y bien fundado proemio, se trató de la excelencia de la democracia y de la importancia de los ayuntamientos electos popularmente para “promover eficazmente la pública felicidad”. En esta parte de la “Representación” se hizo una fina crítica al sistema municipal anterior a la Constitución, en donde unas cuantas familias compraban los cargos y los convertían, con la tolerancia y beneplácito de las autoridades superiores, en verdaderos cotos para beneficio de sus intereses y no del bien común; y en el caso de los cargos de elección, que los había, esas mismas familias influían para tener de su parte la comprometida opinión de los regidores electivos, cuyos votos se inclinaban siempre a favorecer los intereses de la oligarquía, en detrimento de “la felicidad de los pueblos”.
Dice el documento de los síndicos procuradores:

Sin pasar de aquí, se tiene bastante materia para hacer una comparación con los Ayuntamientos Constitucionales. En estos, a mas de estar reformados los defectos de que adolescían aquellos, y evitados en la manera posible los males que aquellos podían causar, se encuentra la qualidad importantísima de ser verdaderamente representativos, como que son elegidos por el mismo pueblo con plena livertad. Esta circunstancia, les atribuye un caracter conforme al derecho de gentes, por cuyos principios el gobierno mas justo, mas legitimo y mas conveniente a la sociedad, es el representativo que sabe convinar la libertad natural del hombre con la sujeción debida a las leyes[…]. La Constitución, no ha aniquilado el imperio de las pasiones. Pero no se puede negar que en quanto alcanza la prudencia humana, la Constitución franqueando los medios para alcanzar el bien, y poniendo limites a la excesiba arbitrariedad que en el antiguo instituto podia ser causa de grandes males, ha dado a estos cuerpos la forma mas analoga a su objeto, la mas favorable a los derechos del hombre, y la mas propia para promover la publica felicidad.

Este documento, como se ha dicho, ponía en tela de juicio la autoridad del antiguo régimen, lo que era un golpe directo al mismísimo intendente; mostraba muy a lo vivo las causas de la injusticia y los abusos que se cernían sobre los habitantes de la municipalidad, y obtuvo, por otro lado, el aplauso y el apoyo del público.
Pocos días más tarde, el 3 de agosto, los síndicos procuradores denunciaron que en México “según instruyen los papeles públicos, se ha organizado una diputación provincial por medio de diputados suplentes de las provincias”, sin que por la de Michoacán se nombrase alguno, “quedando por consiguiente sin representación, con lo que […] se ha inferido a esta dicha provincia un agravio manifiesto”, por lo que se encomendó al licenciado Ortiz Izquierdo “formar la representación que debe inmediatamente hacerse, reclamando este agravio [y] que de ello se de noticia en los papales públicos.”
La “Representación” encomendada al alcalde Ortiz Izquierdo fue presentada por éste ante el Ayuntamiento en la sesión del 8 de agosto de aquel año. Se trata de un documento bien fundamentado, comedido pero muy enérgico, en el que se hacen valer los derechos del “Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, que por su honroso instituto es el depositario de la confianza pública y la corporación destinada para promover el beneficio común y remediar los males que la causen […]”. Como era de esperarse, surtió el efecto deseado, y se eligió al bachiller Juan José Pastor Morales, hombre de muchas luces, como representante de Michoacán a la Diputación Provincial de México.
Estas muestras de dignidad, respeto, legitimidad y valimiento que venía mostrando el Ayuntamiento obligaron al intendente a proponer “lo interesante y necesario” que resultaba dar “a los señores diputados en cortes, y al diputado provincial todas las instrucciones que sean conducentes del censo y estadística de los partidos en particular y de la provincia en general”, para el buen logro de sus gestiones a favor de la provincia y del reino.
En consecuencia, el cabildo municipal comisionó “a los señores Ortiz y Lejarza” para que formaran las instrucciones que debían llevar los señores diputados.
De esta manera, en la sesión que el Ayuntamiento celebró el 2 de octubre siguiente, se leyó y quedó aprobada “la ynstrucción formada por los señores Ortiz y Lejarza[…] para los señores diputados en cortes e yndividuo de la diputación provincial”, como se lee en el acta correspondiente.
Se consideró tan importante para Michoacán y el reino el instructivo para los diputados a Cortes, que el 27 de aquel mes se dispuso se entregara un ejemplar de él al comandante general, don Matías de Aguirre, a pesar de que este señor iba a España como diputado por la provincia de San Luis Potosí, pues seguramente se pensó que como representante por Nueva España podría abogar por la provincia que abandonaba como comandante general.
Aun cuando el procurador del Ayuntamiento promovió el 24 de noviembre “lo conveniente que sería expedir un certificado al señor Yntendente acerca de su notoria honrrades y demas qualidades que le adornan, aunque no lo ha pedido”, aprobándose “por aclamación no estando presente su señoría”, a lo que se agregó que “se le dé lo más honorífica que sea posible”, las relaciones entre el Ayuntamiento y don Manuel Merino y Moreno se fueron haciendo cada vez más tensas, pues el viejo peninsular, lleno de experiencia política y de celo hispánico, veía los riesgos que estaba corriendo con la levantada actitud del Ayuntamiento, aunque ella se diera dentro del marco de la Constitución.
Esta tensión, sin llegar al rompimiento, hizo crisis en el mes de marzo del año siguiente, con motivo del empeño que puso el Ayuntamiento para la elección de la Diputación Provincial de Michoacán, que se dio, como veremos, cuando ya no era un secreto para nadie el levantamiento de Iturbide y los avances de la revolución del sur.
En el precitado mes de noviembre llegó a Valladolid el conocimiento de que el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla de los Ángeles había representado ante el rey español que, de acuerdo con la Constitución, cada provincia tuviera su diputación.
Al tratarse este asunto en el seno del Ayuntamiento vallisoletano, en la sesión del 13 de ese mes, Ortiz Izquierdo, su presidente en ese momento, “promovió el punto de que se les remitiese a los señores diputados de esta provincia” una copia de aquella representación. Se aprobó la propuesta, mas el cabildo municipal acordó que los señores “licenciado Ortiz, y procurador José María Cabrera” se encargasen de “formar una representación sobre la misma materia adhiriéndose a la citada de Puebla”, y que juntamente con ésta se les enviara copia a los diputados “para mayor instrucción”.
En la última sesión de cabildo de aquel mes, celebrada el día 28, el procurador Cabrera dio cuenta con la representación “que se encargó para el Supremo Congreso de Cortes, sobre que cada provincia tenga su diputación provincial”, por lo que se acordó remitirla a las Cortes firmada por el Ayuntamiento y una copia igualmente firmada a los señores diputados.
Hay que decir que, en concordancia con los artículos constitucionales referentes a los ayuntamientos, de acuerdo con la “Real Orden de veinte, y tres de Mayo de mil ochocientos doce que contiene el Reglamento”, se verificó el día 21 de diciembre de 1820, en la “sala del Ayuntamiento”, una reunión a la que concurrieron los diecisiete electores nombrados por la junta de ciudadanos celebrada siete días atrás. Estos electores se encargarían de nombrar a seis miembros del Ayuntamiento que sustituirían a otros tantos de los anteriormente electos. Sin embargo, se nombraron siete, porque con antelación se había aceptado la renuncia que por enfermedad había presentado don Manuel González Movellán.
La elección recayó en Ramón Huarte, para alcalde primero; para segundo, en Mateo Francisco de Urrea, y para regidores primero a séptimo, en los señores Clemente Valdés, José Joaquín Ortiz Montanaro, Mariano Quevedo, Eugenio Garay, Juan Nepomuceno Foncerrada, Mariano Figueroa y Francisco Miranda. Don Santos Torices resultó electo procurador general.
Los miembros del Ayuntamiento de Valladolid de Michoacán no quitaban el dedo del renglón en lo referente a la diputación de la provincia, por lo que estaban al pendiente de cualquier noticia que al respecto se tuviese.
Así, en la sesión de cabildo celebrada el 27 de febrero de 1821, el señor Ortiz Izquierdo “manifestó que habiendo noticia oficial por la Gazeta del Gobierno” de fecha 1 de noviembre anterior, número 128, de “estar aprovada por las Cortes la solicitud de establecer la Diputación Provl. En esta Prova., convendría poner un Extraordinario al Exmo. Sor. Virrey por varias razones de urgencia qe. hizo ver, haciendo una consulta a su Exa. por conducto del Sor. Diputado Provincial Dn. Juan José Pastor Morales sobre el pronto establecimiento” de aquélla. La redacción del documento en cuestión se le encomendó a don Clemente Valdés, quien sacó el mayor número de votos, y a quien se le recomendó “se ejecutase sin perdida de momento por lo mucho que interesa a la Provincia.”
El 7 de marzo siguiente se leyó la respuesta que Pastor Morales envió al ayuntamiento, referente al encargo que se le había dado. En ella se decía que, habiendo consultado con el virrey sobre el asunto, éste le informó verbalmente que “no hay facultad para que se instale la Diputación de esta Provincia, pr. qe aun no ha llegado comunicado por el esencial conducto de la Governacion de Ultramar el Soberano Dto. de Cortes qe la concede y de consigte. tampoco lo hay para qe se anticipe la elección de Diputados que hayan de componerla”. Pastor Morales agregaba que al siguiente día volviera a ver al virrey con la esperanza de que, con nuevas insinuaciones, apoyadas en las expuestas por el Ayuntamiento, pudiera “dho. Exmo. Sor. variar de concepto en el asunto, como deceo […], de ser así, decía don Juan José, lo pasaré a noticia de VS. sin perdida de instante”.
Después de haberse escuchado la lectura de la comunicación del diputado Pastor Morales, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad que se enviara un oficio al intendente, en el que se pedía que con respecto a la notoria “utilidad que debe resultar a los Habitantes de esta Prova. de que [en] su capital se instale la Diputación provincial, y a que consta pr. Gacetas y Papeles Pubcos. estar así decretado se sirva proceder a la Elección de dha. Corporación el día doce del corriente que corresponde hacerla”.
Ese mismo día tuvo lugar una sesión extraordinaria del Ayuntamiento en la que se abrió un “pliego” dirigido a la Intendencia, que había sido depositado en la estafeta de la ciudad “en el caxon donde el Pubco. pone sus cartas”. Se trataba de un oficio fechado en Iguala el 24 de febrero “próximo pasado, firmado por el Coronel D. Agustín Iturvide […] acompañando un plan de Gobierno independiente pa. Este Reyno, y Provincias de la América Septentrional”. Asimismo, por conducto del señor intendente, el coronel Iturbide envió un oficio y copia del mismo plan al Ayuntamiento de la ciudad.
Los miembros del cabildo decidieron que tanto los oficios como el plan de independencia se le enviaran al virrey, “para su devida inteliga. y Gobierno”, y que pidiera al gobierno de la Intendencia cuidara “con eficacia del sosiego, buen orden y tranquilidad del Pueblo”.
Así las cosas, tres días más tarde, en el aula general del Colegio Pontificio Seminario se llevó a cabo la junta preparatoria de los delegados de partido quienes, de acuerdo con la Constitución, elegirían a los diputados a Cortes, representantes de la provincia. En esa primera sesión, después de discutirse las credenciales de cada uno de ellos, fueron aprobadas las de los siguientes señores: prebendado Juan José de Michelena por Valladolid, don Ignacio Policarpio Retana por Tlalpujahua, don José Narciso Robles por Taretan, don Lorenzo Orilla por Apatzingán, don Joaquín María Ramírez de Arellano por Pátzcuaro, don Ignacio de la Bárcena por Uruapan, don José María Bargas por Purépero, don Bartolomé Lara por Cuitzeo de la Laguna, don Patricio Diego Quirbán por Tiripetío, don Joaquín Madrigal por Puruándiro, don Manuel Orozco por Huaniqueo, don Ignacio Alas por Zitácuaro, don Juan José Zimavilla por Zinapécuaro, don Rudecindo Villanueva por Zamora, don José María Menocal por Ario, don Antonio Abad Rosel por Charo y don José Ignacio Morfín por Los Reyes. La credencial del representante por Tacámbaro fue nulificada, y no asistieron los electores de La Piedad, Coahuayana y Huetamo.
En el caso de los representantes electores de partido, como en el Ayuntamiento de Valladolid, la mayoría, como puede verse, estaba formada por criollos.
Un día más tarde, en el mismo salón del Seminario, se celebró la elección de los diputados a Cortes para la legislatura de 1822 y 1823, recayendo los nombramientos de propietarios en los señores prebendado de la catedral don Martín García de Carrasquedo, el licenciado don José María Ortiz Izquierdo, don Ángel Mariano Morales y como suplente, el sargento mayor Joaquín Parres.
Finalmente, llegó la reunión del día 12 en la que, aprovechando la presencia de los electores, se elegiría un diputado para la provincial de México “que estuviese a prevención para cuando se supiese la resolución de las Cortes” sobre el particular, según la respuesta que el virrey había dado el 7 de febrero a la consulta hecha por el intendente de Michoacán.
Muy presionado por las circunstancias, el señor Merino presentó a la “Junta un oficio del Ayuntamiento de esta ciudad fha. 8 del mes corriente […] para que se pusiese en ejecución desde el bienio siguiente lo dispuesto por las Cortes, respecto de la nueva Diputación”. En el acta se agrega que el Ayuntamiento “exita al Sr. Intendte. a q. haga proceder a la Junta el nombramto. de los Diputados q. debe elegir para ello esta Provincia en consideración á las ventajas y utilidad que necesariamte. hán de resultarle de semejante establecimto.”
Conociendo de este asunto todos los electores, se tuvo una larga discusión que concluyó con que, de la misma manera que se elegía al diputado para la provincia de México, se hiciera con la Diputación Provincial para Michoacán. Es decir, en “prevención” para cuando llegaran los papeles correspondientes de la Gobernación de Ultramar, pues que de otro modo se tendría que aplazar la elección para un nuevo periodo, con lo que la Diputación Provincial sería electa hasta marzo de 1823, para entrar en funciones en junio de 1824.
Para apoyar esta decisión, agregaron los electores de partido lo siguiente:

q. a mas de carecer la provincia del impulso que reciviria su Agricultura, Artes, Comercio y demás ramos q. pueden hacer o preparar su prosperidad en el siguiente víenio difiriendose la elección de Diputados hasta el año de 23, no hay justicia para gravarlos en los gastos de un segundo viaje cuando el Govierno comunique el Decreto de las Cortes, aun en caso que no se crea ilegal repetir su reunión: q. todos tienen sus atenciones, y reciven grave perjuicio en separarse de ellas; y qe sin embargo de estar dispuestos á hacer cuantos sacrificios se les exijan a favor de la Patria; pero q. solo deve usarse de esta resignación, en cuanto sean necesarios sus servicios y no haya arvitrio para suavisarselos, como en el presente caso lo hay para ahorrarles los gastos y perjuicios q., se les han de originar de precisarlos a otra reunión […]

Así, salvo el voto del elector Michelena, quien se opuso argumentando que esa reunión se había convocado solamente para elegir al representante a la Diputación Provincial de México, y no para alguna otra elección, el resto de los delegados estuvieron de acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid y contra el parecer del virrey –quien había negado verbalmente la autorización–, del señor intendente y del prebendado de la catedral, don Juan José Michelena.
De esta suerte resultaron electos como diputados provinciales de Michoacán los señores Manuel de la Bárcena, Ignacio del Río, Ignacio Orilla y Juan José Zimavilla, y como suplente don Antonio del Haya.
Como se ve, el Ayuntamiento de Valladolid resultaba triunfante, es decir, políticamente fortalecido, no sólo frente al intendente sino también frente al virrey, precisamente cuando ya en ese momento la revolución de Iguala tomaba fuerza, como se desprende de las “proclamas” del virrey del 3, 14 y 17 de marzo de ese año, en las que pidió a los novohispanos no leer los papeles de Iturbide, por ser contrarios a la Constitución que se había jurado; conceder el olvido general a los que habían tomado las armas con el caudillo de Iguala, y declarar a éste fuera de la ley por haber perdido el derecho de ciudadano español.
Habrá que decir, como un comentario marginal, que debido a que a la fecha en que se consumó la Independencia nacional el decreto al que hacía referencia la multicitada Gaceta de Madrid no llegó, quedaron sin efecto los nombramientos de aquellas personas que fueron elegidas para formar la Diputación Provincial.
Por otra parte, y para complicar más la situación de las autoridades españolas en Valladolid, a finales de marzo Iturbide ya había avanzado sobre Michoacán y tenía su cuartel general en Cutzamala, donde comenzó a recibir noticias alentadoras.
Allí, el día 28, “se le presentó D. Ramón Rayón que se había fugado de Zitácuaro, temeroso de ser aprehendido por el comandante D. Pio María Ruiz, por haber intentado con otros oficiales declararse a favor de Iturbide”. Éste siguió su marcha más esperanzado y, al arribar a Tuzantla, se enteró con alegría que el Plan de Iguala había sido proclamado en Zitácuaro “por los capitanes del Fijo de Méjico D. Vicente Filisola y D. Juan José Codallos, y que toda la línea que aquel cuerpo custodiaba estaba declarada en su favor”.
Codallos pasó de Zitácuaro a Maravatío, donde proclamó el plan, el cual fue aceptado con beneplácito. De aquella villa salió el jefe del ejército libertador hacia el Bajío, llegando a Acámbaro en los mediados de abril.
Todas estas novedades llegaban a la capital de Michoacán, donde militarmente la situación se complicaba para la defensa del reino.

 

* Director de Archivo, Biblioteca y Asuntos Editoriales del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.