Ante la peor recesión se mantiene el mismo modelo económico

LAURA JUÁREZ SÁNCHEZ*

 

Para reaccionar oportunamente y a la altura de las circunstancias de México ante la crisis económico-financiera desatada por la economía de Estados Unidos, al gobierno federal no le bastó que el país tuviera una profunda dependencia con la economía estadounidense, que fue el epicentro de la crisis; tampoco consideró que el estancamiento crónico del mercado interno se iba a sincronizar con el desplome del mercado externo; de ningún modo tomó en cuenta el agotamiento del modelo económico que comenzó desde inicios del siglo XXI, con la salida de cientos de maquiladoras en busca de menores costos salariales que ofrecían Centroamérica y China. Ni siquiera actuó cuando el país ya se encontraba en plena recesión económica desde el primero y segundo trimestre de 2009, en los que el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó 7.9% y 10%, respectivamente. Mientras que otras naciones de similar realidad socioeconómica, como Brasil, Chile y Bolivia, impulsaron políticas anticíclicas oportunas basadas en el desarrollo de sus mercados internos, que consistieron en flexibilizar sus políticas monetarias y fiscales, así como el aumento de los salarios de sus poblaciones; ante la peor recesión económica, México aplicó la austeridad, mantuvo la contención de los salarios y de manera tardía indujo a la rebaja de las tasas de interés.

El pésimo manejo de la crisis
Efectivamente, el gobierno federal implementó varios programas gubernamentales como el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo; el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, y el Apoyo Económico Emergente para Enfrenar el Brote de la Influenza; sin embargo, las erogaciones fiscales agregadas fueron menores al 1% del PIB,1 y su pretendido efecto contracíclico fue prácticamente anulado por el recorte presupuestal de 85 mil millones de pesos que afectó de manera inmediata a los estados y municipios por la disminución de presupuesto, desencadenando una crisis de insolvencia que los obligó a cancelar obras de infraestructura, a suspender programas de gasto social, a despedir trabajadores, a bajarles sus salarios,2 a vender predios y a contraer deudas.3 Asimismo, los programas de apoyo al empleo se cancelaron a mitad de 2009, se incrementaron los impuestos que inhibieron el aumento del consumo y la inversión, se mantuvo la contención de los salarios y se cancelaron programas de fomento económico; es decir, el gobierno federal contribuyó al desplome económico del país.
México sufrió en 2009 la peor caída de su PIB en 76 años de historia económica, al registrar una caída de 6.5% en términos reales. Esto quiere decir que superó la crisis de 1995, que tuvo una reducción de 6.2%. El país resultó ser de las naciones más afectadas por la crisis económico-financiera global debido a que el manejo de la crisis por parte del gobierno federal “es de los peores del mundo”, para decirlo en términos del Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz,4 y por la profunda dependencia que tiene la nación de los mercados externos, particularmente de la economía estadounidense, que fue el punto focal de la crisis.
La debacle económica de México es tan grave que el Banco Mundial (BM) estimó una caída del PIB del 7.1%, y ubicó al país como una de las naciones con peor desempeño a nivel mundial: el organismo estimó que en 2009 la economía del país se desplomó 7.1%, por lo que ocupó la posición 139 de 152 naciones a nivel mundial. Respecto al producto por habitante, lo situó en el lugar 143. Igualmente, el BM prevé una expansión de apenas 3.5% y 3.6% para 2010 y 2011 respectivamente.5
A nivel de América Latina, la economía mexicana también fue situada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como la que menos creció en la región: de una muestra de 23 países la República mexicana ocupó el peor lugar con un desplome de -6.7%. Contrariamente, Bolivia y República Dominicana tuvieron el mejor desempeño con 3.5% y 2.5%, respectivamente. Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, también sufrieron los impactos de la crisis internacional, pero la mejor reacción de sus gobiernos para enfrentar la crisis de manera oportuna y decidida los llevó a registrar mejores resultados: tuvieron un crecimiento del 1.2%, 0.7%, 0.3% y -1.8%, respectivamente.6 Además del contraproducente manejo de la crisis, el país es sumamente dependiente de la economía estadounidense y se niega a renunciar a las políticas económicas neoliberales que mantienen el estancamiento crónico de la economía.

México mantiene la subordinación de su economía a la estadounidense
En casi tres décadas el país se integró de manera subordinada a la economía estadounidense, al intentar fincar el desarrollo nacional en el impulso de la industria manufacturera de exportación (vinculada al mercado del vecino del norte) como eje del crecimiento, sin embargo, dicho sector fue incapaz de jalar el crecimiento de la economía debido a que la demanda interna de insumos y de mano de obra que generó tuvo efectos limitados por concentrarse en unos cuantos productos y empresas, por lo que no logró impulsar la economía en su conjunto; a esto se sumó la ausencia de una política industrial que incentivara y protegiera los encadenamientos productivos internos, provocando la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas y la desaparición de millones de empleos. Además, el modelo económico basó el abaratamiento de los costos de las empresas y la competitividad de la economía en el deterioro de los salarios y la generación de empleos precarios. También el país sufrió severos ajustes por la imposición de las políticas neoliberales que tenían como fin orientar la economía a la exportación, las cuales incluyen los “equilibrios macroeconómicos”, en particular el control inflacionario, presupuestal y de comercio exterior; así como la abrupta apertura del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera; la privatización de los activos públicos y la desregulación de las actividades económicas, entre las medidas más importantes.
A casi treinta años de la orientación del crecimiento hacia afuera, el país llega a la crisis económico-financiera global con un estancamiento crónico de su economía y con una profunda relación de dependencia con la economía estadounidense, pero además, el modelo ya había dado muestras de su agotamiento desde inicios del siglo XXI. Analicemos en detalle los resultados del modelo: 1) En veintisiete años (de 1982 a 2009), el crecimiento promedio anual del PIB fue de apenas 1.9%; 2) El país realiza el 86% de sus exportaciones y el 53% de sus importaciones con la Unión Americana, además de captar el 63% de su Inversión Extranjera Directa (IED) de dicha economía. Esta situación derivó en hacer al país más sujeto de los ciclos económicos del vecino del norte y en estar más dominado por sus Grandes Empresas Trasnacionales (GET), que avanzan en el control de sus sectores estratégicos, y 3) El modelo económico basado en las exportaciones manufactureras comenzó a agotarse desde principios del siglo, debido a que la competitividad basada en la sobreexplotación de los trabajadores, que tiene como objetivo disminuir el costo de la mano de obra a partir de la imposición de la contención deliberada de los salarios y la precarización del empleo, tiende a desaparecer frente a la creciente competencia externa, particularmente de China y de los países centroamericanos, que ofrecen costos salariales más bajos, por lo que cientos de empresas maquiladoras emigraron a esas naciones. Además, es importante subrayar que las exportaciones manufactureras tendieron a maquilizarse en su conjunto por la creciente dependencia que tienen de las importaciones.
La debacle económica del mercado estadounidense significó para México el desplome de sus exportaciones manufactureras y agrícolas, la caída de la captación de la IED, la disminución de las divisas que entran por turismo y la baja de las remesas que envían los trabajadores migratorios que viven en la nación vecina. A esto se sumó el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional.
No obstante la aguda recesión económica de 2009, el gobierno federal insiste en profundizar las mismas políticas que nos llevaron a la postración económica: en 2010 instrumenta un plan económico basado en más impuestos, recorte de gastos y mayor endeudamiento.
¿Por qué tal obstinación en un modelo económico que después de casi tres décadas mostró su fracaso para producir un mínimo desarrollo económico y social? Consideramos que existen beneficiarios del modelo y que son justamente éstos los más interesados en mantenerlo: los grupos favorecidos son las grandes corporaciones de base nacional y extranjera, y la clase política en el poder, los cuales se relacionan en un “matrimonio por conveniencia” basado en intereses de poder económico y político en el que ambos se benefician. Tal es el caso de la privatización bancaria en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, en la que los patrocinadores de su carrera por la presidencia de la República, resultaron ser los mismos que se beneficiaron con la privatización de los bancos, a pesar de que los “nuevos compradores” fueron los mismos que llevaron a la quiebra al sector financiero. Los gobiernos de México no tienen una mínima capacidad de autocrítica, aunque el país se encuentre en verdadera emergencia económica y no toman en cuenta los impactos económicos y sociales que sus políticas provocan. Tal es el caso de la debacle económica de 2009, en la que el gobierno federal primero subestimó el impacto que la crisis internacional iba a tener en México, y después, cuando actuó, lo hizo de manera extemporánea e insuficiente. Además, existe una relación de subordinación de los gobiernos neoliberales en turno con el gobierno de Estados Unidos y con los organismos financieros internacionales. Pero sobre todo, consideramos que existen intereses económicos que están manteniendo el modelo, de tal manera que existen ganadores, incluso en el río revuelto de la peor crisis económica experimentada en México desde 1932, como fue la de 2009, en la que el PIB cayó 6.5%; pero como la riqueza no se explica sin la pobreza, también existen perdedores, como analizaremos en el siguiente apartado.

Los ganadores y perdedores de la crisis
La política económica del gobierno federal en 2010 utiliza el sistema fiscal (los ingresos y gastos del Estado) para mantener intactos los privilegios fiscales del gran capital, mientras que impone numerosos gravámenes que empobrecen a los trabajadores del país y colocan en crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME). La Ley de Ingresos de la Federación 2010, en lugar de funcionar como una política anticíclica, profundiza el declive de la economía, no resuelve el problema de la petrolización de los recursos públicos (que dependen en alrededor del 40% de las divisas generadas por la exportación del petróleo), porque no tocó los intereses de las GET, que son las que deben pagar más impuestos, debido a que: 1) Conserva los regímenes tributarios especiales, como las exenciones de impuestos por ventas de empresas en la Bolsa de Valores, la depreciación prematura de activos, la renegociación de créditos fiscales, los subsidios fiscales, la devolución de impuestos y la exención de impuestos, entre otros que benefician a las GET. Esto significa que se le dio continuidad a las evasiones fiscales legales de las grandes corporaciones, que permiten la concentración del ingreso en unas cuantas manos a costa del ingreso público basado en las divisas generadas por la exportación del petróleo y también en los contribuyentes cautivos; 2) La Ley de Ingresos es profundamente regresiva contra los trabajadores del país, es decir, las personas físicas, que en su mayoría están representadas por la llamada clase media: el aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 28% al 30%, significa una deducción adicional de 2% a los salarios, y en consecuencia, un menor ingreso. Además, el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16% encarece los costos de todos los bienes y servicios. Tales medidas afectan sobre todo a quienes ganan más de cuatro salarios mínimos, ya que ganan menos ingreso y pagan más impuestos. Asimismo, los trabajadores sufren el aumento de todos los bienes y servicios más elementales como los combustibles, la luz, el teléfono, el agua, el transporte, la vivienda y los alimentos; 3) Las MIPyME se encuentran en severa crisis porque con las nuevas disposiciones fiscales ahora pagan 30% del ISR, un incremento del 3% en servicios de telefonía y 16% de IVA sobre sus insumos, que encarece sus costos de producción, en el contexto de un mercado deprimido por el desempleo y el deterioro salarial. Es importante subrayar que dichas empresas vienen padeciendo el encarecimiento de sus costos de producción por los efectos de la devaluación, el enorme endeudamiento y el desplome de sus ventas por el deterioro salarial, el desempleo creciente y la caída de las exportaciones al mercado estadounidense; 4) Los trabajadores informales también son afectados porque tienen que pagar el IVA de 16% al consumir, y si realizan depósitos en la banca superiores a 15 mil pesos, tendrán que pagar el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), equivalente al 3 por ciento.
El presupuesto público aprobado para 2010, tuvo como principio el que quedaran a salvo los intereses de los grupos económicos en el poder, de tal manera que quedaron a resguardo los recursos que se destinarán para el pago del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en Registro de Gasto (Pidiregas) y el resto de las deudas contratadas por el gobierno a nombre de los contribuyentes.7 Asimismo, los salarios y prestaciones de los altos funcionarios prácticamente no se tocaron, y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presionaron para que se destinaran más recursos a los estados dominados por dicho partido, debido a que esperan reposicionarse en las elecciones de 2010 y 2012.
La banca es uno de los sectores que más se benefician en medio de la crisis debido a que no tienen ninguna regulación, lo cual les permite cobrar lo que quieren en intereses y comisiones y además tienen asegurado su rescate financiero, no importa si el financiamiento que realizan al sector productivo es casi nulo: el Banco de México (BdeM) señala que la banca privatizada en más del 90% basa sus ganancias en el endeudamiento de las familias por el cobro de intereses y comisiones junto con los recursos del rescate bancario. El BdeM refiere que entre enero y octubre de 2009, la banca reportó una utilidad neta por 53 mil 647 millones de pesos, que significó 22% más en términos reales que el monto registrado en el mismo periodo de 2008.8
Por otra parte, tenemos a los inversionistas que especulan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que aprovecharon las ganancias rápidas que hizo posible la caída en el precio de las acciones en 2008. Un número reducido de accionistas de 191 mil 106, que representan el equivalente a 0.18% de la población total del país, aumentaron en 2009 a 5.13 billones de pesos el valor de sus activos. Dicha cantidad equivale a 42.3% del PIB nacional.9
De tal manera que los dueños de los bancos, de las empresas automotrices, de las grandes cadenas comerciales, los inversionistas que participan en la BMV y la clase política, son los menos interesados en que el actual modelo económico cambie.

 

* Investigadora de la Universidad Obrera de México.

1 Calva, José Luis, “El manejo de la crisis”, El Universal, 7 de enero de 2010.
2 La Jornada, 29 de julio de 2009, p. 27.
3 La Jornada, 7 de agosto de 2009, p. 29.
4 La Jornada, 19 de noviembre de 2009, p. 24.
5 Ver Banco Mundial. Proyecciones 2010 para la economía global, en la página de Internet: http://web.worldbank.org.
6 CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2009.
7 Es importante mencionar que el pago de la deuda externa e interna se encuentran clasificadas dentro del presupuesto no programable, por lo que la Cámara de Diputados no tiene injerencia en sus montos.
8 El financiero, 23 de diciembre de 2009, p. 4.
9 La Jornada, 5 de febrero de 2010, p. 22.