El conflicto surgido entre los trabajadores y las empresas propietarias de la industria petrolera, que principió en forma aguda con la huelga iniciada a fines de mayo del año pasado, ha sido solucionado de manera definitiva, ejemplar y patriótica: el Presidente de la República decretó la expropiación de los bienes y derechos afectados a la explotación del petróleo por las empresas extranjeras que controlaban esa industria.
El conflicto petrolero surgió con motivo de la petición que hicieron los trabajadores a las empresas, desde el año de 1936, para que éstas aumentaran los salarios y establecieran nuevas condiciones de trabajo más humanas que las que existían y más en relación con las utilidades cuantiosas que obtenían las empresas. Si estudiamos las peticiones de los obreros desde el ángulo del interés particular de éstos, tiene que concluirse que las demandas fueron absolutamente justificadas, pues los trabajadores petroleros eran mantenidos por las empresas en condiciones miserables que contrastaban con el auge de la producción petrolífera. Los obreros mexicanos, mediante cuyo esfuerzo se hacía posible extraer y transformar una riqueza fabulosa, llevaban una vida de parias explotados y condenados a la pobreza, a la insalubridad y, en general, a una subyugación inicua.
Pero aparte de la justificación de esas demandas, en el fondo del conflicto palpitaba un interés nacional que aun cuando era anhelo legítimo del pueblo mexicano, había permanecido aplastado merced al poderío de las empresas petroleras y a la claudicación de muchos gobernantes que sistemáticamente se habían mantenido a expensas del capital petrolero, que ha sido el más corruptor y más desenfrenado de los capitales extranjeros invertidos en México. Ese anhelo es precisamente el de la reivindicación, para el pueblo mexicano, de la riqueza petrolera nacional.
El ánimo popular sentía como un drama sarcástico que el más rico patrimonio de su suelo fuera aprovechado por poderosas empresas extranjeras que obraban de acuerdo con sus exclusivos intereses de lucro. El aprovechamiento de los mantos petrolíferos mexicanos no significaba para nuestro país sino la existencia de masas nativas que vendían su trabajo a mísero precio, que se gastaban físicamente en labores agobiantes y en regiones azotadas por el paludismo y la tuberculosis, y que moralmente sufrían la afrenta de recibir un tratamiento indigno de los seres humanos.
Estos sentimientos de inconformidad despertaron, desde hace muchos años, anhelos populares de insurgencia, que se han hecho presentes en lo que va de la Revolución Mexicana, evento histórico que despertó en los hombres de nuestro país nociones sociales que antes habían permanecido reprimidas por medio de la violencia dictatorial. Los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917 no son declaraciones vacuas o posturas meramente verbalistas, sino principios que cristalizan necesidades sociales auténticas.
Según hemos dicho antes, esos propósitos de reivindicación nacional fueron repetidamente estorbados por quienes pudieron haberlos encauzado o, por lo menos, no haberlos obstaculizado. Pero la historia enseña que la acción represiva en contra de los propósitos populares no produce otra consecuencia que la de condensar las fuerzas, y que éstas, fatalmente, irrumpen en un momento propicio. Y eso es precisamente lo que acaba de ocurrir.
En la medida en que la represión de las fuerzas reivindicatorias que palpitaban en la entraña popular ascendía, esas mismas fuerzas recibían un incremento cuantitativo y cualitativo. Además, con el ascenso de la conciencia de clase del proletariado mexicano, fenómeno que se ha puesto en evidencia elocuentemente, los propósitos reivindicadores iban pasando de un estado de dispersión a un grado estimable de concreción. Es decir, la necesidad de restituir al patrimonio del pueblo una riqueza que originariamente le pertenece, y que le había sido arrebatada, paulatinamente se venía expresando en fórmulas más concretas. Puede afirmarse que cuando estalló la huelga de los trabajadores petroleros en mayo de 1937, los objetivos de la lucha ya estaban debidamente precisados.
Una prueba de la anterior afirmación la dieron los obreros petroleros al levantar, en los primeros días de junio de ese año, el estado de huelga. Esta medida, que los observadores superficiales calificaron como un fracaso, no fue sino una conversión estratégica, realizada después de calibrar las fuerzas enemigas, que siempre han sido poderosas.
La huelga petrolera tuvo un gran valor, pero, debido a ciertas contingencias de la lucha, hubo un momento en que amenazó convertirse en una arma que habría de ser inhábil. Entonces, los obreros petroleros se aprestaron a combatir por medio de esa otra arma que en México ha sido forjada por los mismos trabajadores: la ley.
El éxito que habría de obtenerse por el camino de la ley estaba asegurado de antemano, y fue debidamente calculado desde un principio, porque ante un proletariado unido y fuerte, que tiene además el apoyo de todos los sectores populares, de una legislación progresista como es la mexicana, no puede brotar más que una solución que satisfaga el interés del pueblo que la ha forjado con su esfuerzo y con su sangre.
Tal cual se había previsto, el éxito fue obtenido por los trabajadores. Primero, el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que condenó a las empresas a establecer nuevas condiciones de trabajo, mediante las cuales se humaniza, vale decir, la situación de los obreros; después, el fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se niega el amparo que pidieron las compañías petroleras, confirmando así la validez jurídica del laudo de la Junta. De conformidad con lo que previene la ley mexicana, las sentencias que dicta la Suprema Corte de Justicia establecen la verdad legal e inapelable. Pero las compañías petroleras, avaras del tesoro que ha amasado su rapiña y celosas de una preeminencia política que creían capaz de doblegar la fuerza de la ley, de manera insolente se negaron a cumplir con la sentencia.
Ante tamaña rebeldía, que además de herir la soberanía de las instituciones legalmente establecidas despertó un repudio popular unánime, no cabía sino aplicar la ley en todo su rigor, encauzando así un principio que expresa la voluntad de la nación mexicana.
Las compañías petroleras, todas ellas extranjeras, todas ellas instrumentos de la dominación imperialista ejercida sobre nuestro país, se propusieron nulificar la producción petrolera mexicana, lo cual habría acarreado no sólo la falta de pan en los obreros que laboran en esa industria, sino también la pérdida de la más importante fuente de producción con que cuenta la economía nacional. Ese propósito se demostró elocuentemente.
El problema, pues, era de vida o muerte para nuestro país, y sólo podía resolverse por medio de una solución eficaz y definitiva: la Expropiación. El señor Presidente de la República, pulsando la gravedad de este problema, no vaciló en darle esa solución adecuada. Al hacerlo así ha cristalizado el anhelo del pueblo mexicano.
El día 23 de marzo de 1938, en el que de uno a otro ámbito de la República se levantó la voz unánime del pueblo respaldando la actitud del presidente Cárdenas, es una fecha que se graba en nuestra historia porque en ella la nación entera ha exhibido su voluntad unánime de ser libre y de realizar sus más entrañables propósitos de reivindicación, cuyo cumplimiento habrá de operarse siempre, a pesar de todas las fuerzas que se opongan a ello.
En su empeño por hacer fracasar la soberanía misma de México, las empresas petroleras han acudido ante los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos en busca de una protección que no tiene fundamento ni en la ley ni en la moral internacional. Hasta estos momentos esa instancia ilícita ha tenido ya como resultado la suspensión de las compras de plata que el gobierno de Washington venía haciendo a México.


* Editorial sin firma, escrito por VLT en su calidad de director de la publicación Revista Futuro, n. 26. México, D.F., abril de 1938.
** Político mexicano (1894-1968), fundador de la Universidad Obrera de México.